De acuerdo al académico, El Salvador requiere consensos mínimos que se deberían respetar independientemente de gobiernos, entre estos lograr los 11 años de escolaridad para todos los salvadoreños y eliminar la brecha digital.
Sostiene, además, que el transporte público debe estar en manos del Estado pero aclara que la reforma debe cumplir el Estado de Derecho y la institucionalidad.
Usted ha asegurado que es muy difícil gobernar en un escenario tan antagónico y habla de improvisación, ¿aún lo percibe así?
Se ha mantenido, es un tema de estilo de gobierno. Este gobierno actúa de una forma como espera la gente, a veces para bien o para mal. La gente quiere cambios, en el caso del transporte, es uno de los sectores que por muchos años se ha discutido la necesidad de una reforma, pero el problema quizás es el método y por eso en el pasado y ahora seguimos criticando quizás a veces cómo se hacen las cosas. Está bien ponerle un parón a los abusos, pero utilizando el marco legal.
¿Cuál es la mejor forma de enfrentar el problema del transporte?
A nivel global, los sistemas de transporte público son estatales o municipales, nunca privados, aquí, por las razones que sea, desde la época del conflicto, se dio un sistema privado pero lo que suele suceder en muchos países es que el sistema sea, de hecho se llama sistema público de transporte, debería ser administrado por el Estado a través del Gobierno, a través del gobierno municipales.
Se ha ido deteriorando la imagen del transporte público y creo que es necesaria una reforma pero sustentada en el Estado de Derecho... que tengan asidero legal, que no sean al capricho de quitar o de arrestar gente.
Yo creo que El Salvador desde hace muchos años adolece de políticas públicas de largo plazo o políticas de Estado, la alternabilidad política siempre genera esos quiebres, pero siempre se llegan a consensos de ciertas cosas”.
¿Cuál es el nivel de incertidumbre económica?
Hay muchas señales preocupantes, nuestro país no tiene mayores recursos naturales más que las exportaciones que tenemos del sector industrial y las remesas familiares, eso es todo. Con eso tenemos que dar la pelea económica global. Hay muchos indicadores que señalan que está aumentando el riesgo, está bajando el valor del bono, hay mucho gasto y los ingresos se mantienen. El tema de bitcoin, que para muchos es un un activo que no debería haber sido moneda digital, pero que se ha implementado. Entonces, creo que la situación económica está viviendo un momento de tensión y un poco de incertidumbre, se estaba a la espera que subiera el bitcoin, pero no subió como se esperaba y la negociación con el Fondo Monetario parece que a raíz de la Ley Bitcoin no se logró llevar a cabo. Todas esas piezas del rompecabezas no terminan de encajar.
El Gobierno adoptó el bitcoin pese a su impopularidad. ¿El bitcoin va para largo en El Salvador?
Bueno, el bitcoin es parte de un proceso de transformación digital que vive el mundo, las criptomonedas, es decir, no podemos rechazarlo por alguna razón política, ¿no? Yo creo que es parte de la evolución de las tecnologías; sin embargo, una cosa es crearle un espacio a la criptomoneda en la economía nacional para inversores y otra muy distinta es ponerla como moneda de curso legal. Eso es lo que han dicho los economistas, pero todo indica que esto va para largo, más bien se va a ir ampliando, es lo que se está buscando, que se masifique el uso del bitcoin y habrá que ver el problema de volatilidad cómo se resuelve.
¿Lo ve como opción viable de liquidez en el Gobierno?
Quizás la única que le queda, porque no podemos imprimir billetes. Dependemos del Tesoro de los Estados Unidos con la dolarización, entonces, la única política monetaria que puede hacer el Gobierno probablemente sea con cripto.
Es un tema de estilo de gobierno, actúa como espera la gente. Está bien reformar, está bien ponerle un parón a los abusos, pero utilizando el marco legal..., pero a veces parece que el Gobierno eso no le preocupa mucho”.
¿Qué política pública no debería faltar en un plan económico a estas alturas?
Yo creo que El Salvador desde hace muchos años adolece de políticas públicas de largo plazo o políticas de Estado, la alternabilidad política siempre genera esos quiebres, pero siempre se llegan a consensos de ciertas cosas que no deberían cambiar en educación, salud y economía. Este Gobierno ya lleva tres años, no sabemos qué va a pasar, no tenemos claro cuáles de las políticas van a trascender al 2024; hasta el momento en la experiencia que hemos tenido casi ninguna política trascendió un periodo de gobierno.
¿Qué rasgos serían indispensables para un plan en El Salvador?
Bueno, yo creo que hay que llegar a unos consensos mínimos que, más allá de cualquier gobierno de cualquier ideología o color político, se debería respetar, por ejemplo, que la inversión en educación sea progresiva y no regresiva, que logremos los 11 grados de escolaridad para todos los niños, que tengamos una buena infraestructura escolar y una buena infraestructura hospitalaria y garantizar el tema de eliminar la brecha digital. Esas son cinco cosas que obviamente cuestan dinero pero creo que nos podríamos poner de acuerdo.
El perfil
Óscar Picardo, investigadorCargo: Director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia.
Títulos: licenciatura en filosofía Universidad de Valencia, maestría en educación University of Lousville, posgrado en finanzas educativas en Harvard, maestría y doctorado en sociedad de información Universidad Oberta de Catalunya.
Experiencia: catedrático de distintas universidades, asesor del Ministerio de Educación, especialista de educación de Mendez England & Associates, fundador del Instituto de Investigación para el Aprendizaje.