La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al Estado salvadoreño terminar con el régimen de excepción “dada la ausencia de evidencias sólidas” que fundamenten la restricción de derechos fundamentales como una medida efectiva para el combate de las estructuras criminales en el país.

El presidente de la República, Nayib Bukele, respondió con un lacónico “no” a la sugerencia.

HRW recomendó además implementar en El Salvador una nueva política de seguridad que ataque las fuentes de financiamiento de los grupos criminales, que rompa las relaciones con funcionarios que facilitan el accionar pandilleril a través de la corrupción y que respete los derechos humanos de todos los involucrados.

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, sugirió que la nueva política debe estar orientada en la administración de justicia concentrada en “la persecución penal estratégica” y que no solo se base en el número de capturas.

Recomiendó también que se diseñen medidas de prevención para que nuevos jóvenes no sean reclutados por las pandillas. Goebertus cree que la política salvadoreña es “no sostenible y puede generar nuevos tipos de violencia y genera gravísimas violaciones a derechos humanos”.

La discusión no es si El Salvador necesita una política de seguridad para desmantelar a las pandillas. El problema es que la política de Bukele no es sostenible”. Juanita Goebertus, directora para las américas HRW

Derechos humanos.

HRW y Cristosal presentaron ayer un informe que denuncia supuestas violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción, que incluyen presuntamente la tortura de personas al interior de los centros penales, faltas al debido proceso, desaparición forzada de detenidos e inacceso a alimentos y medicinas. Por lo que, ambas organizaciones piden a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, países de Latinoamérica y a los Estados miembros de la Unión Europea que imponga o mantenga sanciones, incluyendo congelamiento de activos y una prohibición para viajar para los funcionarios del gobierno que supuestamente hayan tenido responsabilidad en las violaciones a derechos humanos. Piden además a la Asamblea Legislativa que derogue las reformas aprobadas en 2022 para la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley de Proscripción de Pandillas y adecuar el Código Penal y Código Procesal Penal. Tamara Broner, subdirectora para las Américas de HRW aseguró que han solicitado una reunión al presidente de la República, Nayib Bukele, para presentarle el informe pero hasta el momento no han recibido respuesta del mandatario.

Suspender préstamos

  • Préstamos BCIE.
HRW pidió al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suspenda los préstamos que pretende asignar al El Salvador y que según las organizaciones será usado una parte para la PNC y y para el Ministerio de Defensa. Otra parte para la construcción de un edificio de la FGR y, para la adecuación de cárceles. Creen conveniente la suspensión por el contexto de violaciones a derechos humanos.