El saldo en estos nuevos instrumentos, que comenzaron a emitirse desde abril de 2023 desde el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), antes INPEP, ha ido creciendo poco a poco desde $455.42 millones en abril de 2023 hasta llegar a $1,662.60 millones al cierre de mayo de 2024.
Se trata de los ahorros de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que son invertidos o prestados al ISP para el pago de obligaciones previsionales, la mayoría pensiones del sistema de pensiones público.
La deuda estatal de pensiones, sin embargo, asciende a $10,058.88 millones hasta mayo de 2024, ya que se heredó una deuda de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) –que cambiaron a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) con la reforma– de un total de $8,396.28 millones.
Por la deuda en CFT, el Estado no está amortizando intereses y capital, gracias a un periodo de gracia de cuatro años que finaliza en 2027.
El 31 de enero de 2023, el ISP declaró una reserva a la información, sin embargo, el Consejo Directivo del ISP determinó posteriormente que la reserva de la información no puede aplicarse a las estadísticas macroeconómicas por las facultades legales del Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva y Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que estas instituciones sí pueden publicar y divulgar montos y estructuras de la deuda previsional.