La reforma que introduce el acta policial como prueba en la propuesta gubernamental de reforma a la Ley especial contra el crimen organizado transgredería la seguridad jurídica, más derechos humanos y debilitaría el debido procedimiento, según el abogado Wilson Sandoval.
La reforma permitiría que el acta policial y la denuncia sea prueba documental, avala la existencia de colaboradores nacionales y extranjeros en operaciones encubiertas policiales y suprime a los miembros de la asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses como peritos permanentes.
Sandoval sostiene que según el Código Procesal Penal la prueba debe estar “sujeta a controversia por las partes” para definir si constituirán “elementos” en el proceso contra los imputados.
Sin embargo, señala que “en este caso se está indicando desde ya que lo que el policía vacíe en el acta de entrevista se configure prueba como tal”.
“Todo eso viene a vulnerar la seguridad jurídica... Si ahora mismo (bajo régimen de excepción), los policías detienen de forma discrecional a partir de rumores, no se diga con el tema de crimen organizado, el policía puede determinar en el acta cualquier cosa que quiera conseguir y eso va a ir como prueba ante el juez”, indica.
El también director del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) dice que la propuesta de reformas debió buscar fortalecer a la Fiscalía para investigar el crimen organizado y a su Unidad de Investigación Financiera para seguir las actividades financieras vinculadas con el crimen organizado, ya que El Salvador se ha ubicado como un país de baja resiliencia para combatir el crimen organizado.
