Los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantendrán sus salarios mayores a los $5,000 para el año 2025 aunque han reducido 166 plazas de empleados por diferentes formas de contratación según la Ley de Salarios de 2025.

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Los magistrados propietarios ganan casi $6,000 mensuales, incluyendo gastos de representación y los magistrados suplentes perciben $3,003.97 mensuales, manteniendo los ingresos que tenían en 2024.

Los salarios se desglosan así:
  • Magistrada presidente, Roxana Soriano, salario mensual de $5,980, que incluye $4,270 de sueldo y $1,710 en gastos de representación.
  • Magistrados propietarios Rubén Alvarado, Cecilia Marroquín, Karla Guandique y Sofía Paniagua: salario mensual de $5,630, que incluye $4,200 de sueldo y $1,610 de gastos de representación.
  • Magistrados suplentes tienen salario mensual de $3,003.97, que incluye $1,981.11 de sueldo y $1,022.86 de gastos de representación.
Por otro lado, el presupuesto de la institución electoral que se encuentra en ejecución contabiliza la eliminación de 166 plazas para 2025, de ellas, 14 por ley de salarios y 152 por contratos. En el documento de ley de salarios se evidencia que se suprimen plazas de jefes, colaboradores, técnicos, recepcionistas y motoristas.

Los salarios ostentados en esas plazas eliminadas iban desde los $703.50 hasta los $1,801.12. El salario más bajo lo ostentaban motoristas, técnicos de mantenimiento automotriz y técnicos de mantenimiento, mientras que el salario más alto lo tenía un Jefe del Departamento de Servicios Administrativos.

Las plazas que ya no son contratadas por ley de salarios:
  • 1 colaborador de Secretaría General.
  • 1 técnico de Auditoría.
  • 1 encargado de prensa.
  • 1 colaborador de comunicaciones.
  • 1 jefe del Departamento de Servicios Administrativos.
  • 1 secretaria de transporte.
  • 4 motoristas.
  • 1 técnico de mantenimiento automotriz.
  • 1 técnico de mantenimiento.
Entre octubre y diciembre de 2024, casi 200 empleados del TSE fueron despedidos, no se les renovaron sus contratos o se les pidieron sus renuncias a sus cargos. A inicios de 2025, la institución mostró como un logro la reducción de $151,848 en remuneraciones. Entre los despedidos se cuentan personas con enfermedades terminales, sobrevivientes de cáncer y directivos sindicales.