Casi 100 organizaciones transnacionales, nacionales, estatales y locales, junto con más de 170 líderes religiosos, solicitaron el viernes al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador.

Las organizaciones sostienen que los salvadoreños beneficiarios del programa todavía necesitan esta protección humanitaria y advirtieron sobre las consecuencias que tendría poner fin al beneficio migratorio. El actual período de protección para los salvadoreños está programado para expirar el 9 de septiembre de 2026.

De acuerdo con las organizaciones, una eventual terminación del TPS afectaría a más de 170,000 salvadoreños que actualmente permanecen amparados por el programa y que, en muchos casos, han construido sus vidas en Estados Unidos durante más de 25 años.

“Las personas beneficiarias del TPS provenientes de El Salvador son nuestros vecinos, amigos, colegas, líderes religiosos, trabajadores altamente calificados y propietarios de pequeños negocios que han construido sus vidas en Estados Unidos durante más de 25 años. Alianza Americas se une a cientos de líderes religiosos y comunidades para instar al secretario de Seguridad Nacional a extender el TPS para El Salvador y proteger a más de 170,000 salvadoreños de ser arrancados de las vidas y familias que han construido aquí. En un momento en que las comunidades inmigrantes enfrentan una enorme incertidumbre y miedo, nuestra fe y nuestra humanidad compartida nos llaman a elegir la compasión, a defender la dignidad humana y a amar a nuestros vecinos sin distinción. Extender el TPS es un acto urgente de justicia y solidaridad que puede brindar alivio inmediato. Seguiremos acompañando a las comunidades salvadoreñas y luchando por las protecciones permanentes que ellas y sus familias merecen”, dijo Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Americas.

La petición también recibió el respaldo de CLINIC, organización que cuestionó las condiciones que enfrentarían los beneficiarios si fueran enviados a El Salvador una vez terminada la protección migratoria.

“Enviar a los beneficiarios salvadoreños del TPS de regreso a condiciones inseguras en un momento en que las personas deportadas en El Salvador están siendo detenidas sin representación legal adecuada, secuestradas o potencialmente expuestas a otros daños es cruel y puede tener un impacto perjudicial duradero en quienes se ven obligados a regresar”, dijo Elnora Bassey, abogada de políticas públicas de CLINIC.

“En un momento en que las personas inmigrantes enfrentan ataques y sus protecciones legales son cada vez más limitadas para quienes las necesitan, la Administración tiene la oportunidad de tomar una decisión que demuestre su capacidad para proteger a las poblaciones vulnerables y que evidencie que somos una nación que muestra compasión hacia todas las personas, independientemente de su estatus migratorio”, agregó.

La solicitud ocurre mientras los beneficiarios permanecen pendientes de una decisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre la continuidad de la protección migratoria, a pocos días de la fecha establecida para su vencimiento.

Alianza Americas y CLINIC aseguraron que mientras esperan una resolución de la Administración estadounidense continuarán promoviendo la protección de los derechos de los inmigrantes y el acceso a mecanismos de protección humanitaria para quienes los necesiten.