El código fuente es definido como un conjunto de instrucciones que un sistema informático sigue, explicó Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), una de las organizaciones que integra el movimiento Votante.
Palomo hizo un resumen de las observaciones del movimiento Votante en un space de Twitter dirigido por la abogada Ruth López.
Aseguró que lo ideal es que se hubiera garantizado legalmente a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y a los partidos políticos contendientes que pudiesen nombrar peritos y que estos tengan acceso al código fuente para realizar pruebas al sistema.
“No solo facilitarles el acceso a los informes de auditoría, sino permitirles que ellos puedan hacer sus auditorías independientes”, sugirió.
El integrante del movimiento explicó que es positivo que el artículo 22 de la Ley “habla de garantizar la transparencia electoral” pero que “el problema es que es muy inespecífico”. “¿Se va a traducir en que los partidos políticos podrán auditar?, porque una cosa es observar y otra es auditar. Darle el acceso al código fuente, por ejemplo”, sugirió.
En anteriores ocasiones nos han dicho que darnos un acceso a código fuente significa vulnerar la seguridad del sistema”. Sofía Vásquez, integrante de la JVE-Vamos
JVE aún no decide.
La representante de Vamos en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Sofía Vásquez, quien actualmente preside esa entidad, aseguró que por supuesto que pedirán el acceso al código fuente de los sistemas para auditar las diferentes etapas del proceso electoral, sin embargo, advirtió que anteriormente les han asegurado que entregarles el código fuente “significa vulnerar la seguridad del sistema”. “Probablemente esta no sea la excepción”, dijo.Por su parte, Jeovany Maravilla, integrante de la JVE por el partido Nuestro Tiempo, aseguró que la JVE no tiene una posición oficial sobre la Ley Especial del Sufragio en el Extranjero y tampoco un acuerdo respecto a solicitar un acceso al código fuente de sistemas informáticos porque hay opiniones distintas dentro de dicha entidad electoral. “Hay diferentes opiniones y a veces no se logran los acuerdos necesarios”, dijo.
La nueva ley obliga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a contratar un sistema de voto electrónico que se aplique de manera remota y también de manera presencial.
No hay un posicionamiento de la Junta de Vigilancia en cuanto un posicionamiento oficial respecto a la ley del voto en el exterior”. Jeovany Maravilla, integrante de la JVE-Nuestro Tiempo