¿Por qué cree usted que no hay ley de reparación?
Yo creo que por dos cosas. La primera, la más grave, es que no les importan las víctimas, igual que las víctimas de 1932, matanza después de la cual se decretó una amnistía en julio de 1932, no tan amplia e incondicional pero se le acercaba mucho. Entonces, yo creo que es una decisión política histórica del Estado salvadoreño el castigar a las víctimas de las atrocidades que han ocurrido en este país, al menos hasta 1932, hace 90 años, y que se ha ido reiterando y reiterando porque en El Salvador han seguido sucediendo atrocidades.
Entonces, esa es una primera cuestión. Y eso va a amarrado, premian a los victimarios porque así consolidan y fortalecen la impunidad, y la impunidad lo que permitió es que Arena hiciera lo que hizo en los 20 años que gobernó, que el Frente hiciera lo que hizo en los 10 años que gobernó, y que este gobierno esté haciendo también lo que está haciendo con total impunidad. El Salvador ha sido un país que ha andado de amnistía en amnistía, por mantener, fortalecer y consolidar la impunidad, para hacer lo que quieren.
Después de la guerra han sido tres momentos determinados por el partido de gobierno y que ha controlado el resto de los órganos. Solo al FMLN se le salió de control la Sala de lo Constitucional. Arena, no se podía hablar de esto, eso era imposible; mientras el FMLN pedía que se derogara la ley de amnistía, aunque estaban en la Asamblea y no hacían nada, nunca presentaron una solicitud seria, era el discurso. Llegó el Frente al Gobierno y tenía mayoría en la Asamblea y ahí hicieron valer el acuerdo que permitió que se decretara esa amnistía de marzo de 1993. Hubo seis acuerdos sobre a mesa con Naciones Unidas presente y uno debajo de la mesa, la amnistía, se protegían ambos bandos. A mí me decía gente del Frente que todavía no tenían diputados, y si hubieran tenido 10, 15 diputados, tenía menor fuerza que ser la otra parte firmante de los Acuerdos. Si hubieran ejercido ese rol, por que se cumpliera el numeral 5 del capítulo I del Acuerdo de Chapultepec, que se llamaba superación de la impunidad, en el cual establecían que ambas partes estaban de acuerdo en que esos casos que viera la Comisión de la Verdad pasaran a los tribunales de justicia para que tuviéramos el efecto ejemplarizante de la justicia.
En lugar de eso, cinco días después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad, aprueban la amnistía. Entonces, el Frente, después de manera hipócrita, cuando llegó al Gobierno evadió el tema. Mauricio Funes lo llevó a la campaña electoral, por eso yo criticaba a Mauricio Funes precisamente por eso. Y, cuando logramos la inconstitucionalidad de la amnistía, todavía en los gobiernos del FMLN, Óscar Ortiz, Eugenio Chicas y no sé quiénes más salían casi diciéndome que por culpa mía y de los que firmamos la demanda de inconstitucionalidad iba a haber otra guerra en El Salvador. Y ahora estos han llegado con lo que caracteriza a esta administración, controlada por el Ejecutivo, en la pura publicidad, hacer show, invitar, pasar con un silencio absoluto y quién sabe si salen con algo y con qué van a salir. Todo, todo, todo lo están haciendo en función de las elecciones 2024. Desde esa óptica hay que ver lo que pueda pasar con las víctimas, pero al final de cuentas ni a Arena ni al Frente ni a estos les ha interesado las víctimas y les conviene consolidar la impunidad.
¿Cree que la exigencia de cárcel para los victimarios ha frenado una ley de reparación de víctimas?
No. Yo creo que, más allá de las exigencias de las víctimas, que tienen todo el derecho de demandar cárcel, en Argentina acaban de condenar a varios militares de 80, 90 años y ahí van a la cárcel aunque sea domiciliaria. El general Juan Rafael Videla, el que encabezó el golpe de Estado, murió en la cárcel. No es que sea cárcel o no, el tamaño de las condenas, es lo que le digo, hacer eso sería una señal, se estaría condenando no a una fuerza, sino a las dos fuerzas que participaron.
Los militares son una casta familiar, entonces, de una u otra forma se tiene relación con uno u otro bando.
Pero más allá de eso, insisto, es que quieren consolidar la impunidad. Hacer algo contra eso, significaría decir: de ahora en adelante ya nadie va a estar por encima de la ley. Pero no como el caso de Simán y la quebrada contaminada, estos dicen nadie estará por encima de la ley que no sea de Nuevas Ideas y del gobierno, el resto, si son mis enemigos y me conviene, entonces, sí.
¿Qué ingredientes mínimos debería tener una ley de reparación a las víctimas?
Los mecanismos idóneos para establecer la verdad y que las víctimas la conozcan; la aplicación de la justicia no solo en favor de las víctimas sino para dignificar una sociedad que ha sido víctima colectiva de una impunidad; la reparación integral, el sostenimiento y el enriquecimiento de la memoria histórica; y las garantías de no repetición. Tiene que ser una política pública integral, interinstitucional y sostenible en el tiempo. Rusia están acordándose 75 años de la gran guerra patria, en Alemania la memoria la mantienen viva, en Japón, también, en Argentina, Chile, eso es garantía de no repetición, que las nuevas generaciones conozcan eso. Producto de no haber hecho esfuerzos en ese sentido es que la gente diga ahora que la guerra fue una farsa.
¿Qué les toca a las víctimas después de seis años, seguir esperando?
No. Yo creo que las víctimas tienen que aprender y entender algo fundamental: nadie las tiene que representar, tienen que estar jugando el papel, el rol protagónico en esta lucha. Si no son las víctimas por su edad, por sus condiciones económicas, las víctimas directas, como las madres de los desaparecidos, los que puedan ser el protagonismo presencial, por eso hay que revisar los programas educativos, ver cómo los medios de comunicación se suman a este esfuerzo.
Hay que hacer entender que esto está dañando al país el sostenimiento, la consolidación y el fortalecimiento de la impunidad.
Yo creo que las víctimas lo que deberían ser es asumir ese papel protagónico, ya sean las víctimas directas, sus hijos, hijas, nietos, nietas; y las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen que asumir su papel, acompañar a las víctimas, no quitarles ese papel protagónico, con su experiencia, conocimiento, materia legal, psicosocial, comunicacional, también.
También, hacer que los funcionarios funcionen y eso viene de la exigencia de las víctimas, y comunicar a través de ustedes y otros medios emergentes los éxitos totales o parciales. Nosotros hemos difundido el caso de Patricia Cuéllar, su papá y la empleada de este, que pasó a la Corte Interamericana, y los casos también de Ulloa, Ventura Reyes y Mejía, que han sido admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar el ejemplo del camino a seguir.
Y hay que tener claro que esto no es una carrera de cien metros, esto es un decatlón con grandes obstáculos y necesarios relevos, con los hijos, las hijas, los nietos y las nietas. Nos tardamos 23 años en derrotar la amnistía, nos tardamos creo que 14 años en lograr la condena de Montano. El que crea que 100 son metros, pasados los 100 metros, cae fundido. Los grandes obstáculos los conocemos, pero ahora lo fundamental es trabajar en el relevo.
El perfil
Benjamín Cuéllar, Fundación VIDASTrayectoria: especialista en derechos humanos y actual integrante de la fundación de víctimas demandantes VIDAS.
Fue director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).
Fue fundador y secretario ejecutivo del Centro Fray Francisco de Vitoria, México.