Los beneficiarios deben comprobar que las personas detenidas no pertenecen a pandillas, que son de escasos recursos y que no tienen “la capacidad” de pagar una defensoría.
De una muestra del 33 % de las denuncias presentadas a través del servicio jurídico que ofrece la Alianza Nacional, un 91 % de los detenidos son hombres y la mayoría fueron detenidos en sus viviendas.