El consorcio Observa 2024 concluyó en su informe final presentado este miércoles que en las elecciones generales de El Salvador hubo condiciones de inequidad electoral, casos de violencia electoral, uso de recursos públicos, falta de deuda política, entre otros, que permitieron una “cancha desequilibrada” en los comicios.

“Con todo lo descrito, con todo el trabajo de observación en estos meses, estamos en condiciones de afirmar que se crearon para este proceso electoral 2024 condiciones, tanto en la parte legal como administrativa, que favorecieron a uno de los competidores”, fue la conclusión del estudio presentado por el vocero de Observa, Mauricio Maravilla.

El vocero aseveró que se registraron “limitaciones importantes a la función de control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en todas las partes del proceso” y “esa pasividad, esa falta de control y de actuación del Tribunal, fue aprovechada por un instituto político”.

Hacia el futuro, tal como se desarrolló este proceso, se genera incertidumbre sobre cómo se van a desarrollar los futuros eventos electorales, sobre el rumbo de país y la democracia representativa que plantea la Constitución”.
Mauricio Maravilla,
vocero de Observa 2024.


Observa 2024 desplegó una red de observadores nacionales distribuidos en 88 y 84 centros de votación en 560 y 534 Juntas Receptoras de Votos (JRV) respectivamente en las elecciones de presidente de la República y Asamblea Legislativa el 4 de febrero; y en las elecciones de Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 44 concejos municipales el 3 de marzo.

El consorcio es conformado por las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Misión Cristiana Elim, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Uca) y Universidad Francisco Gavidia (UFG).

¿Qué concluyó el informe de Observa 2024 sobre las elecciones de El Salvador?

  • 148 casos de violencia electoral: 21 % de destrucción de bienes materiales, 11 % de insultos, 11 % de insultos por ideología, 9.6 % amenazas, 9.6 % de injurias contra partidos de oposición, 6.8 % campaña adelantada, 5.5 % de violencia contra la mujer, 4.1 % limitación al ejercicio periodístico, 4.1 % de intimidación, 4.1 % de lengua verbal agresivo e intimidatorio, 4.1 % agresión física, 1.4 % detención arbitraria.
  • 186 eventos en los que se reportó el uso de trabajadores públicos en campaña electoral, 34.24 % del total de los registros, en su mayoría en horarios laborales. En 146 casos de los 186 casos se identificaron trabajadores municipales.
  • 66 casos de usos de instalaciones estatales para campañas electorales.
  • 47 casos donde se determinó el uso de vehículos públicos, 68 % a gobiernos municipales.
  • 68 casos de uso posible de bienes institucionales como máquinas, sonido, mobiliario, 68 % de alcaldías.
  • 77 reportes de entrega de beneficios sociales por municipalidades o gobierno, 35 % canastas alimenticias.
  • 190 reportes de uso de redes sociales, 88 de cuentas oficiales de alcaldías en las redes Facebook y X. 359 de Nuevas Ideas.
  • 445 casos de los 474 se promocionó directamente a una candidatura y 307 correspondían a personas que buscaban reelegirse.
  • Actividades partidarias en votaciones en el exterior.