Lamentan el poco protagonismo de la PDDH en la vigilancia e investigación de casos, en comparación al papel activo que tuvo durante la cuarentena por covid-19 en 2020.
“Es lamentable el rol de la Procuraduría, sobre todo porque no está ejerciendo un rol imparcial de defensa de derechos, sino más bien un rol alineado a los discursos gubernamentales”, dijo Johana Ramírez, del SSPAS.
“Este procurador está incumpliendo su mandato constitucional al amparo de que no es defensor de pandilleros. Su mandato constitucional es defensa de los derechos humanos y de vigilante de las actuaciones estatales”, dijo Zaira Navas, de Cristosal.
En el caso de la PGR expresaron que tiene pocos defensores públicos y que en las audiencias, que son hasta con 600 acusados a la vez, no se presentan documentación de arraigo. “Cuando entregan la documentación para arraigo hacen que la gente incurra en gastos, porque son certificaciones notariales, eso significa que la persona tiene que pagar eso”, agregó Navas.
Mientras, Amnistía Internacional se reunió con el titular de la PGR, René Gustavo Escobar, el pasado 1 de junio. “Reconoció que su labor está dedicada a la implementación de la visión del gobierno, a pesar de que la institución debería de ser autónoma e independiente y con el mandato de defensoría pública”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.