La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, designó a El Salvador como un país inactivo por diversos incumplimientos durante dos años consecutivos, dio a conocer en su sitio web.

El estatus de inactividad puede durar un año o hasta que El Salvador entregue un plan de acción a más tardar el 24 de marzo de 2023 respetando los estándares de participación y cocreación.

Si El Salvador no cumple estos requisitos, la membresía de El Salvador cesará definitivamente. Actualmente es considerado un país inactivo y puede asistir a los eventos de la OGP en calidad de observador para fines de aprendizaje. La declaratoria de inactividad fue decidida por el Comité Directivo de la OGP luego de que en julio advirtiera al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, el inicio de la evaluación de la inactividad de El Salvador.

IAIP promete.
De acuerdo a la resolución, El Salvador, miembro de la OGP desde 2011, no presentó plan de acción requerido por la OGP a todos sus países miembros cada dos años.

Sin embargo, la resolución informa de una carta del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez Guerrero, del 10 de marzo de 2022, en la cual se informa “que la agenda de OGP se traslada de la Secretaría de la Judicatura de la Presidencia al Instituto de Acceso a la Información”.

“Sirva la presente para demostrar el compromiso de El Salvador de continuar formando parte como miembro activo de la AGA (siglas en español)”, dice el presidente del IAIP a la Alianza.

Estaremos brindando el seguimiento oportuno a fin de que el Comité Operativo pueda tomar en cuenta nuestro compromiso”. Ricardo Gómez, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública


Esta carta fue reconocida por el Comité Directivo de la OGP como un “renovado compromiso de alto nivel del gobierno de El Salvador para comprometerse”.

“No es suficiente”.

Las entidades Futuro Abierto, Tracoda, Democracia Transparencia y Justicia (DTJ), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), advirtieron a la OGP que el IAIP es una de las instituciones que ha sido capturada por el gobierno salvadoreño y aseguró que “no es indicador suficiente de que se iniciará un diálogo genuino”.

El plan de acción debe realizarse en coordinación con la sociedad civil que generalmente recibe críticas del Gobierno actual. Entre los comisionados del IAIP hay una exafiliada del partido oficial, un exfuncionario del Ejecutivo y un exempleado de una alcaldía.

En junio de 2021, el Gobierno fue notificado de un puntaje de 2/4 en transparencia fiscal, 2/4 en divulgación de activos y 3 /4 en participación ciudadana, con un puntaje debajo del 75 % mínimo.