La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) calificó de importante la decisión del gobierno de El Salvador de derogar las penas de hasta 15 años de prisión por la transmisión de mensajes supuestamente de pandillas en medios de comunicación.

Sin embargo, en el comunicado emitido este viernes, la OACNUDH advirtió que se “debería” complementar esta decisión con “medidas que contribuyan a fortalecer el espacio cívico” para generar “un entorno seguro” hacia los defensores de derechos humanos y periodistas.

También, exhortó a “las autoridades nacionales” a “tomar decisiones que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho” y los derechos humanos. Incluyó en esta sugerencia la “superación del prolongado uso del estado de excepción y medidas conexas” ofreciendo asistencia técnica.

El presidente salvadoreño pidió votos para que la Asamblea Legislativa que inicia funciones en mayo de 2024 continúe con el régimen de excepción, mientras un alto funcionario de la Unión Europea conversó el 25 de octubre con el mandatario sobre una posible finalización de dicho régimen.

Las disposiciones aprobadas el 5 de abril de 2022 no detallaban si los mensajes que provocarían la prisión debían ser "creados" por pandillas, ya que indicaba que se castigaba con hasta 15 años de prisión la transmisión de mensajes "presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales". Esta ambigüedad provocó que la reforma fuera catalogada como un intento de mordaza contra la libertad de prensa ante investigaciones periodísticas que se han desarrollado en El Salvador sobre supuestas negociaciones con pandillas, solicitudes de extradiciones de pandilleros, entre otras.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió también un comunicado en el cual aseguró que dicha reforma penal tuvo efectos irreversibles, como 15 movilizaciones de periodistas, un periodista encarcelado y la estigmatización contra los periodistas.