Los diputados suprimieron así la disposición que exigía a los operadores archivar imágenes de documentos y fotografías de sus usuarios, así como la localización geográfica de la venta y de la activación del servicio.
También con la reforma “se obliga a los operadores a adaptar sus operaciones para que pueda ser utilizada por la Fiscalía General de la República para la investigación de delitos”.