“Es una lástima estos acuerdos que se han realizado, ojalá que hubieran hecho como Guatemala o Costa Rica que sí lograron cosas beneficiosas para su gente. Yo creo que no es positivo para nadie que El Salvador se esté viendo como una megacárcel donde se estén enviando a todos los delincuentes, en lugar de verse como un país próspero, un país que esté luchando por salir adelante”, cuestionó la diputada de Arena, Marcela Villatoro.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recalcó que los salvadoreños con estatus irregular viven a la expectativa de qué ha hecho el Estado salvadoreño a favor de ellos.
“¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para apoyarles a salvadoreños que se encuentran con estatus migratorio irregular? y ellos viven a la expectativa y siempre pendientes para apoyarles, ¿qué ha hecho el Estado salvadoreño para apoyarles en esta situación?, ellos se encuentran en serias dificultades como acceso a servicios públicos, discriminación laboral y social”, señaló Ortiz.
Ambas cuestionan la base legal de estos acuerdos para traer criminales al país y advierten que, si no está amparado legalmente, “es muy delicado” y “habría implicaciones serias al respecto”.
Gracias al acuerdo carcelario, la madrugada del 16 de marzo, llegaron a El Salvador 238 venezolanos y 23 salvadoreños presos que fueron confinados al Cecot.
Este 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, visita a El Salvador para supervisar personalmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, y discutir con el presidente Nayib Bukele la posibilidad de aumentar el número de vuelos de deportación de criminales desde territorio estadounidense.