El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena), Carlos García Saade, dijo que el TSE busca “premiar siempre al oficialismo” como se ha visto “durante todo el proceso electoral”.
En declaraciones a Diario El Mundo, el dirigente arenero interpretó la regla del reparto de escaños municipales como un “castigo” a la población e instó al TSE a que respete el Código Electoral.
El TSE va a premiar siempre al oficialismo. Ya lo vimos durante todo el proceso electoral. Deberían respetar el Código Electoral pero siempre toman decisiones para que al partido oficial no le afecten. Con esta disposición, a quien se castiga es a la población”.
Carlos García Saade,
presidente del Coena.
Por su parte, el presidente de Nuestro Tiempo, Andy Failer, aseveró que la decisión del pleno del TSE “favorece principalmente al partido oficialista” y “ratifica la desigualdad de condiciones” entre los partidos políticos. Cree que el TSE debió “priorizar a los partidos que se acercaron más al cociente y al residuo más alto”.
Como muchas otras acciones en las que ha incurrido el TSE, esta favorece principalmente al partido oficialista. El TSE está cooptado, de eso ya no cabe duda”.
Andy Failer,
presidente del TSE.
Esta misma medida fue tomada en 2021 bajo el argumento de que la disposición del Código tiene un defecto al no permitir participar al partido ganador.
La semana pasada, los magistrados decidieron incluir al partido ganador de cada concejo municipal en la distribución de los concejales por residuos, pese a que el artículo 129 del Código Electoral indica que en esta distribución “no participará el partido político o coalición... (que) ya se le asignó la mayoría del concejo”.
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El Código indica que al partido ganador le corresponde los cargos de alcalde y síndico y, en el caso de los partidos que obtuvieron más del 50 % de los votos válidos “se le asignará la cantidad de regidores del mismo partido” en relación con el número de votos obtenidos.
El TSE decidió aplicar la norma de 2021 para distribuir los regidores entre los partidos políticos, alegando que la Constitución ordena que la distribución sea “proporcional a la población”.