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La secretaria general y diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, aseguró a Diario El Mundo que que la contratación de seguro de salud privado "es un abuso de poder" y "un acto vergonzoso y una falta de respeto para la ciudadanía", tomando en cuenta que están "en medio de una crisis económica" en la que no se ha aumentado al salario mínimo.
Rivas estima que estas acciones también constituyen una violación de la Ley de Ética Gubernamental, pues el artículo 5 establece que uno de los deberes éticos es "utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados".
"Considero que el tener un seguro de salud privado es un abuso de poder... Es un acto ilegal, es un acto vergonzoso y es una falta de respeto a la ciudadanía".
Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.
La legisladora también recordó que el TSE cuenta con una clínica interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). "Entonces, qué barbaridad, qué barbaridad. No es posible que estos funcionarios continúen al igual que todos los demás de este gobierno con los privilegios", añadió.
Por otro lado, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo a El Mundo que la adquisición de seguros privados para los funcionarios "es una forma descarada de estar usando los recursos del Estado", tomando que cuenta que estos servicios son para "beneficio propio y un interés de sus familiares". Enfatizó que los funcionarios "tienen la suficiente cantidad de dinero de sus sueldos para pagarse sus seguros privados".
Lira aseveró que, si el Estado le pide a la ciudadanía "socarse el cincho", "los primeros que se tienen que socar el cincho son ellos" como funcionarios. El TSE inició el proceso de contratación de seguros de vida y médico para los magistrados y familiares que asciende a $43,503.
"Es una forma descarada de estar usando los recursos del Estado, simplemente para un beneficio propio y un interés de sus familiares, ellos tienen la suficiente cantidad de dinero de sus sueldos para pagarse sus seguros privados". Francisco Lira, diputado de Arena.
El Mundo consultó a Lira sobre el voto de Cecilia Marroquín, magistrada del TSE propuesta por Arena, a lo que respondió que cada funcionario tendrá "la responsabilidad" de las decisiones que tome en el cargo que ejerce. "Nosotros no podemos influir en las decisiones porque al final de cuentas ellos están ahí con principios y valores", agregó.
El año pasado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adquirieron seguros de vida de $100,000 para cada uno de los 15 jueces que integran el organismo colegiado. Esta semana la Corte lanzó la oferta de compra de seguros de vida y médicos para 9,100 empleados por $6.4 millones.