Así lo aseguró el abogado de la asociación Cristosal, Jonathan Sisco, quien argumentó que de esta manera buscan detener la ejecución de proyectos de minería metálica en El Salvador.
"Si la Sala no resuelve vamos a acudir a instancias internacionales; por eso hemos venido, para evidenciar este problema y, si la Sala no responde, nos queda abierta la vía internacional".
Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.
El abogado explicó que la demanda incluye dos peticiones: la suspensión de cualquier proyecto de minería metálica en El Salvador como medida cautelar y una inspección judicial en el río San Sebastián, en La Unión, para que verifiquen las consecuencias de la minería en el país.
Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, aseguró que la demanda de inconstitucionalidad iba respaldada por las firmas de 59,906 salvadoreños y que la Sala declarará inconstitucionalidad "si se apega a derecho".
La semana pasada, obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica salvadoreña (Cedes) presentaron 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley de minería metálica, estas fueron recolectadas en un poco más de un mes. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que espera que "el Señor va a mover voluntades". La legislación fue aprobada en diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa.