Los miembros de la Mesa, conformada por unas 20 organizaciones, sostuvieron que esta carta no fue recibida el año pasado, ya que la diputada presidenta de la Comisión, Rebeca Santos, alegó que no iba dirigida personalmente a ella.
En el escrito, piden cumplir la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993, garantizando la “plena participación” de víctimas y organizaciones de derechos humanos.