Las organizaciones entregaron una carta a la Comisión de Justicia. En esta reiteran que las anteriores legislaturas no consultaron a las víctimas cuando presentaron proyectos entre 2018 y 2020, a pesar de haberlo “solicitado en diferentes oportunidades a través de escritos”.
Las organizaciones que pidieron la participación son la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Mecies), el Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica.
Recibió la carta.
Juan Carlos Sánchez, miembro de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), informó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sí les recibió la carta.En esta exigen “cumplir con su obligación de aprobar una normativa que garantice el derecho a la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y memoria histórica”.
Además de garantizar su participación, piden “retomar con seriedad los proyectos de ley que han presentado los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos y en especial el ingresado el 7 de octubre de 2021”. Sánchez aseveró que esperan que la Asamblea Legislativa inicie un proceso serio de consulta con las víctimas para cumplir con la obligación que le emitió la Sala de lo Constitucional hace seis años. En julio de 2016, la Sala anuló la amnistía absoluta e incondicional decretada en 1993 luego de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad.
Archivos militares.
Para Gloria Anaya miembro del Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”, la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley que cumpla los estándares que estableció la Sala de lo Constitucional.Anaya reclamó que a seis años de la sentencia la Asamblea no ha aprobado una normativa ni tampoco se ha dado acceso a la información a los archivos militares, aunque el presidente Nayib Bukele prometió hacerlo. “Este Gobierno que dijo que iba a entregar los archivos desde la A a la Z, hasta el momento se ha negado a entregar esos archivos militares que contienen la verdad sobre los responsables de cada uno de esos crímenes”, sostuvo.
Reiteró que la nueva ley que están obligados a elaborar debe garantizar la “justicia, verdad, medidas de no repetición, reparación integral y memoria histórica”.
Roxana Benítez de más de 50 años, pide una ley que le permita conocer sobre la desaparición de su hermano menor José Tito Benítez, que durante el conflicto armado, cuando tenía 18 años, fue llevado el 11 de noviembre supuestamente por los “escuadrones de la muerte” y, desde entonces, no conocen su paradero tras más de 30 años de búsqueda.
“Exijo saber a dónde se lo llevaron, a dónde está, no han dicho nada y queremos la verdad, queremos que digan por favor dónde están”, reiteró.
Benítez contó a Diario El Mundo que sus dos hermanos, uno de 25 años y otro de 18, trabajaban en la misma fábrica cuando un día se llevaron a Tito, su hermano menor.
“Mis dos hermanos trabajaban juntos, en la misma fábrica de ladrillos, el mayor no pudo hacer nada, siguieron el camión donde se lo llevaron pero nada. Mi mami se murió con ese dolor, que no lo encontró”, relató.
David Ortiz, miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), cuestionó si la actual Asamblea Legislativa hará “lo mismo” de las anteriores legislaturas de ignorar a colectivos de víctimas o si cumplirá la resolución de la Sala y hará una ley que cumpla con sus estándares.
“Vienen a preguntarle a la Asamblea Legislativa si de verdad van hacer las cosas de manera distinta a como lo han hecho las Asambleas Legislativas anteriores” y agregó que las víctimas llevan muchos años esperando la aprobación de una Ley de Justicia Transicional. “Las víctimas están esperando desde hace décadas que el Estado las reconozca y decrete los derechos que por estándares internacionales les corresponden”.
Sentencia de Sala.
En 2016, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 que declaraba una amnistía general e incondicional.La sentencia ordenó que la Asamblea Legislativa en un “plazo razonable” regulara los medios para que se garantice el acceso a la información pública sobre los hechos y circunstancias relacionados a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; que se dispusiera de los recursos adecuados para que en el menor tiempo posible se respondiera a las exigencias de las víctimas, sus familiares y sociedad sobre investigaciones, enjuiciamiento, esclarecimiento de la verdad y sanción a los responsables; y ordenaba “considerar” medidas de reparación integral a las víctimas para garantizar satisfacción, compensación y reivindicación.
Proyecto de ley presentado el octubre de 2021
Apartados del proyecto de “Ley especial de justicia transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos” en el contexto del conflicto armado en El Salvador presentado por las organizaciones ante la Asamblea Legislativa.1.- Obligación estatal
Son obligación del Estado los procesos de reparación y acceso a la justicia de las víctimas y las infracciones graves. Artículo 8.
2.- Creación del sistema nacional
El Sistema Nacional de Reparación Integral y Acceso a la Justicia encargado de los planes de reparación y acceso de las víctimas. Artículo 9.
3.- Creación del consejo
Es una entidad de derecho que coordinará actividades de reparación con otras instituciones estatales. Artículo 13.
4.- Registro de víctimas
Creación de Registro de Víctimas para acreditar el carácter de las víctimas y actualizarla. Artículo 26.
5.- Centro de documentación
Tendría carácter gestor para promocionar y difundir la memoria histórica dentro y fuera del país. Artículo 37.
6.- Fondo para reparación
Finalidad gestionar medidas de reparación con fondos asignados del Presupuesto General del Estado.
Artículo 53 y 54.
7.- Formas de indemnización
Las víctimas podrán decidir si desean recibir una indemnización mensual o una sola. Los montos serán calculados siguiendo estándares. Artículo 55.