Organizaciones de sociedad civil piden públicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no repita los "errores" cometidos en la implementación del voto electrónico de los salvadoreños en el exterior en las elecciones de 2024 y sugieren reformas legales para que no se contrate a terceros y que sea desarrollado por el mismo Tribunal.

El presidente de la Fundación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Luis V. Villaherrera, dijo a Diario El Mundo que una de las cosas importantes para la nueva elección es que "se utilicen los errores del pasado para no repetirlos" permitiendo participación ciudadana en el proceso.

Villaherrera también considera importante que haya "transparencia total en todo el proceso" y pruebas en modelos similares para medir su capacidad sin descuidar un proceso paralelo "para evaluar la ciberseguridad" de los sistemas desde el principio hasta el fin.

"Una de las cosas es que se utilicen los errores del pasado, precisamente para no repetirlos... de igual forma transparencia total en todo el proceso".
Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.


Por otro lado, el coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, Malcolm Cartagena, indicó que podría considerarse una reforma a la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero para que el Tribunal no deba tercerizar, es decir, contratar una empresa para desarrollar el sistema de voto electrónico.

Cartagena explicó que sería positiva una reforma para permitir que el Tribunal desarrolle por sí mismo el sistema de votación electrónica porque la contratación de una empresa requiere de "una inversión millonaria" y no deja con "capacidad instalada" a la institución.

"Lo importante es que sus informes sean públicos, para poder verificar que las deficiencias vistas en el pasado proceso electoral no se repitan".
Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

En la elección de 2024, el Tribunal contrató a la empresa española Indra para diseñar y ejecutar el voto electrónico, por el que pagó al menos $30 millones, de los que $2.6 millones fueron destinados para el alquiler de las máquinas de la modalidad presencial, las cuales fueron devueltas a la empresa.

Cartagena lamentó que hasta este momento ni el anterior ni el nuevo organismo colegiado haya divulgado los resultados de las auditorías realizadas por la empresa CGTS y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec). Los informes fueron puestos en reserva por siete años.

El Tribunal ha planificado iniciar en junio con la formulación de los términos de referencia para la contratación de la empresa implementadora del voto electrónico y de las empresas de auditoría para las elecciones de diputados y alcaldes de 2027. El proceso iniciará el 2 de junio y terminará el 31 de julio según el calendario electoral aprobado.