La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, aseguró que han registrado 400 "retiros voluntarios", de los cuales 275 son defensores públicos y 125 son administrativos, un 68.75 % abogados públicos que llevan juicios de salvadoreños.
La semana pasada, el Movimiento denunció que a los empleados con edades de jubilación se les notificó verbalmente que debían interponer sus renuncias voluntarias. Consideran que son "despidos" porque la edad de los trabajadores no debería ser un motivo para renunciar.
Escobar externó también su preocupación por que la mayoría de "inocentes privados de libertad procesados" tienen defensores públicos porque no pueden pagar abogados privados para llevar sus casos.
"Yo realmente me siento bien preocupada porque la gran mayoría de inocentes privados de libertad procesados tienen defensores públicos, esa es la realidad de la gente porque no tienen dinero para pagar una defensa privada y los están dejando en completa indefensión".
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico.
Por su parte, Héctor Rodríguez, vocero del MTD, aseguró que estos retiros aumentarán la carga laboral de los defensores públicos, por lo que se reducirá la celeridad en los procesos.
Rodríguez informó que la unidad de la PGR en Apopa "se queda sin defensores públicos" luego de que seis defensores decidieran renunciar porque les iba "a quedar toda la carga laboral".
"Imagínense un defensor público con 300 expedientes, ahora lo despiden y mañana va a quedar de ellos solo la mitad, quiere decir que al que quedan le van a asignar 600 expedientes, eso realmente es inhumano".
Héctor Rodríguez, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).
Rodríguez detalló que en la sede central de la PGR, en el Centro de Gobierno, se despidieron 35 defensores públicos. "Hacemos un llamado a la ciudadanía a que demanden al procurador general para que les informe de inmediato quién será el nuevo defensor que atenderá sus casos", indicó.
Piden compensación económica y rendir cuentas
Las organizaciones piden a la PGR detener los retiros voluntarios y que ofrezca "una compensación económica justa y equitativa" para los trabajadores en edad de retiro, así como "rendir cuentas a los usuarios y familias demandantes" sobre quién será su defensor público.Escobar criticó a la PGR por no "tener un plan de contingencia para soportar los despidos" y que los usuarios puedan seguir recibiendo la defensa pública", basados en el artículo 12 de la Constitución de la República.
Las organizaciones instan a la comunidad internacional a estar pendientes de esta situación que prevén puede desencadenar violaciones de derechos humanos.