Los colectivos de víctimas de guerra y las organizaciones de derechos humanos que las que las representan e integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (Mecies) y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral, reclamaron el martes que la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa decidió mandar a archivo el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional, para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador.

“Rechazamos la reciente decisión de la nueva Comisión de Seguridad de enviar a archivo el proyecto presentado por nuestras organizaciones el 7 de octubre de 2021, sin que ese Órgano de Estado lo haya analizado alguna vez, y con la cuestionable justificación de que ya no es vigente”, asevera la Mecies, por medio de un comunicado.

El proyecto de Ley fue enviado a archivo, con otros tres proyectos de ley, por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa, integrada únicamente por diputados de Nuevas Ideas.

Caleb Navarro, diputado presidente de esa Comisión argumentó que se mandaban a archivo “son expedientes del año 2021 y ya perdieron su vigencia, podemos decirlo así y obviamente ya no está acorde a estas exigencias de esta comisión Los que estén de acuerdo con enviar a archivo los expedientes leídos, favor emitir su voto. Los nueve diputados que conforman la Comisión levantaron la mano.

Dicho anteproyecto de ley fue, según la Mecies, elaborado por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que las representan, posterior a que se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, emitida el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional.

“Nuestras organizaciones presentamos esta propuesta, por intermedio de la diputada Claudia Ortiz, como un aporte, para que el Órgano Legislativo cumpliera su obligación de legislar en materia de justicia transicional, según se lo ordenó la Sala de lo Constitucional en la referida sentencia de inconstitucionalidad de 2016”, agrega el comunicado.

“Pese a nuestras constantes solicitudes de audiencia para dialogar sobre este anteproyecto, éste nunca fue analizado ni tomado en cuenta por la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos que tuvo la tímida iniciativa de recibir a algunas organizaciones en febrero de 2022. Dicha comisión ha sido recientemente sustituida por la actual Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que archiva este anteproyecto sin ningún tipo de análisis, argumentando falsamente que “ha perdido vigencia”.

La Mecies cuestiona además que “no se ha seguido el procedimiento establecido para el archivo de los expedientes legislativos, ya que no existe el dictamen de esta comisión, ni esta medida se ha aprobado en el pleno legislativo, como lo establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativos en los artículos 42 numeral 5, 46 inciso 1 y 89 inciso 2”.

Esta posición de la Mecies es porque la Comisión no emitió ningún dictamen que sustente legalmente esta decisión y que al hacerlo tuvo que haber sido conocido y votado en el pleno. Las organizaciones “exigen” que la Comisión Seguridad Nacional y Justicia devuelva el anteproyecto de Ley y que lo estudie.

El lunes 13 de mayo, en la primera sesión de trabajo, la Comisión de Seguridad sin detallar el contenido de las iniciativas, diputado Caleb Navarro, como presidente de la Comisión, pidió la modificación de agenda para enviar a archivo los expedientes 2624-3-2021-1 (Gana), 290-10-2021-1 (Vamos), 335-11-2021-1 (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN) y 340-11-2021-1 (Alianza Republicana Nacionalista, Arena).

La modificación y el archivo fueron aprobados de manera unánime con votos de diputados de Nuevas Ideas.