El funcionario fue denunciado por Bethy Arana en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que dijera que la población tiene derecho a un golpe de Estado, cuando escuchara la opinión de un ciudadano sobre el derecho de la población a optar por la reelección presidencial inmediata.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz emitió este martes un comunicado en donde señalan que condenan cualquier "atentado a la libertad y a toda violación del derecho de expresión del Dr. Olivo" y "cualquier acto intimidatorio que exponga su vida y la vida de su familia".
“La popularidad del pueblo salvadoreño o la mayoría tiene poder para reelegir al Presidente”, aseveró un ciudadano que escribió al programa de entrevistas de Julio Villagrán en TVX el pasado 28 de junio. “Para dar un golpe de Estado también tiene (poder)”, respondió Olivo.
Ese mismo día, diputados de Nuevas Ideas rechazaron la aseveración de Olivo e instaron a procesarlo por el delito de proponer la rebelión o la sedición. La diputada Cecilia Rivera sostuvo que Olivo “debe ser procesado y destituido”. “Qué fuertes declaraciones de un juez electoral”, expresó Walter Alemán, de Nuevas Ideas. Raúl Chamagua lo calificó de grave y delicado.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, citó el artículo 342 del Código Penal, sobre proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición. La diputada Rebeca Santos aseguró que “la conducta de Olivo podría inhabilitarlo en el cargo según nuestra Constitución”.
El artículo 88 de la Constitución indica que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político” y que “la violación de esta norma obliga a la insurrección”.
Sin embargo, la actual Sala de lo Constitucional reinterpretó el concepto de alternabilidad presidencial sentenciando que se refiere a la realización de las elecciones presidenciales y habilitando la reelección presidencial inmediata.
La encuesta de la Universidad Francisco Gavidia publicada el 26 de mayo pasado indica que el 72 % de los salvadoreños está de acuerdo con la reelección del actual presidente de la República y 16 % de la población sostiene que sería inconstitucional.