Los solicitantes argumentaron que la desclasificación de información es reconocida por la jurisprudencia constitucional y que el MAG no tiene facultad para declarar esta información como reservada.
El IAIP declaró improponible dicha desclasificación de información, porque consideró que los demandantes debieron interponer una apelación y luego de una resolución definitiva del oficial de información del MAG recurrir al IAIP.
Sin embargo, el IAIP reconoce que tiene la atribución de resolver discrepancias entre la clasificación y desclasificación de información reservada.
La negativa por parte de un oficial de información que encuentre su fundamento en la existencia de una reserva podrá controvertirse ante el Instituto a través de un procedimiento de apelación para que este en resolución definitiva ordene su entrega u ordene reclasificación de la información”.
Resolución del IAIP.
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La resolución fue emitida el 6 de octubre de 2022 y divulgada a través de Twitter por el coordinador del Centro de Asesoría Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Wilson Sandoval.
Alac-Funde explicó que la resolución del IAIP implica que las solicitudes de desclasificación no tendrán asidero en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), lo cual consideran un cambio de criterio y un retroceso que bloquea el acceso a la información pública, ya que cierran los caminos posibles para dirimir desclasificaciones de reservas de información.
En su cuenta de Twitter, Alac-Funde anunció una demanda contenciosa administrativa para “salvaguardar los derechos de la ciudadanía” de conocer esta información sobre los paquetes agrícolas. El abogado Wilson Sandoval confirmó que insistirán por esta vía.
Ahora el único proceso es apelar, ya no se puede pedir la desclasificación, reduce a la apelación la única forma de contravenir la reserva, expulsando el criterio de hacerlo frente al IAIP”.
Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde.
En abril de 2020, el MAG inició la entrega de paquetes agrícolas a 100,000 beneficiarios en medio de la pandemia del covid-19; el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, informó de la habilitación de 100 centros de distribución.
En marzo de 2021, el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, informó del inicio de juicio de cuentas por la adquisición y distribución de canastas alimentarias y paquetes agrícolas por el MAG. "Esos informes definitivos ya fueron comunicados a todas las autoridades, remitidos al área jurisdiccional de la Corte de Cuentas para que sean del conocimiento y sean incorporados a juicios de cuentas de los cuales están a cargo los jueces de cuentas de la Corte de Cuentas”, afirmó en ese momento.