Las "Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción", que dio a la Fiscalía General un plazo de hasta 24 meses para acusar a los supuestos pandilleros en "una sola causa" con criterios de "estructura, denominación, funcionamiento, territorio", vence en agosto de 2025.

El decreto fue aprobado el 26 de julio de 2023 y está vigente desde el 25 de agosto de 2023. Fue aprobado con el fin de prolongar el periodo de detención de los detenidos en el régimen de excepción para poderlos acusar, a más tardar en dos años, que se vencerían en agosto, en "un solo proceso penal, por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita", ya sea por la estructura, el funcionamiento, territorio "u otros que resulten aplicables a criterio del fiscal".

Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) pidieron el miércoles a la Asamblea Legislativa que el decreto no sea prorrogado. "Que ya no prorroguen el decreto 803, un decreto que le ha permitido a la Fiscalía ampliar el tiempo de detención de una manera arbitraria, primero son 72 horas en un país donde se respeta el Estado de Derecho y, si la Fiscalía no encuentra delito, tiene que ser libre. Pero luego el régimen decretó que fueran 15 días, la Fiscalía no pudo comprobar el delito para miles de personas que están presas, se les dio seis meses, tampoco; se le dio un año, dos años, tres años, y ese plazo vence el 25 de agosto de 2025", dijo Samuel Ramírez, representante del Movir.

El decreto 803 de "Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción" y otro decreto 804 de reformas a la Ley contra el crimen organizado fueron sancionados por el presidente Nayib Bukele el 31 de julio de 2023.