“En Salvador las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia para combatir las bandas criminales en materia penal han incrementado el riesgo de detenciones arbitrarias, de tortura”, expresó Bachelet ante representantes de los Estados miembros de la ONU.
Bachelet, quien anunció que no buscará un segundo mandato como alta comisionada por motivos personales, agregó que tienen preocupación “en cuanto al respeto a las garantías del debido proceso, juicio justo” en El Salvador, así como ante las 21 muertes de personas que estaban bajo custodia de las autoridades estatales.
El Gobierno instauró un régimen de excepción que elimina los derechos de defensa, de reunión, de no ser intervenido en las telecomunicaciones y a no ser detenida más de 72 horas sin audiencia judicial.
El régimen fue aprobado supuestamente para capturar a pandilleros luego de un alza de homicidios en marzo; el Gobierno ha dicho que hay un error de 1 % en las capturas.
En El Salvador, motivo de preocupación especial son las 21 muertes en custodia informadas por fuentes oficiales”. Michelle Bachelet, alta comisionada de DDHH de la ONU
El régimen de excepción finaliza el 24 de junio. / DEM
Más de mil denuncias.
Hasta el 3 de junio, cinco organizaciones sociales reportaron 1,123 denuncias sobre abuso de poder, en su mayoría detenciones arbitrarias.
El régimen de excepción finaliza el 24 de junio. / DEM
Más de mil denuncias.
Estas organizaciones son: Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SPASS), Azul Originario (AZO) e Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca).
La organización que más denuncias ha recibido es Cristosal, que hasta el 25 de mayo reportaba 798 personas atendidas, 97 % denunció detención arbitraria y el 4.9 %, lesiones. Así mismo, Fespad registra 170 personas afectadas, de las cuales 130 denunciaron detención arbitraria. De las denuncias recibidas por el SPASS, 50 % denunció malos tratos. La mayoría son jóvenes de 18 a 30 años.
Amenazas.
El presidente del Consejo, Federico Villegas, aseguró que titulares del mandato del Consejo han sido amenazados por representantes de los Estados o de la sociedad civil.“Los titulares de mandato son a veces objeto de comentarios despectivos y ataques personales o amenazas en el desempeño de su labor, incluso en este Consejo, ya sea por parte de Estados o representantes de la sociedad civil. Esto es absolutamente inaceptable”, afirmó.