El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, justificó este lunes la captura del empresario de buses y microbuses, Catalino Miranda y la expropiación de dichas unidades de transporte colectivo señalando que la Constitución los ampara.

Castro señaló que en El Salvador "ha habido falta de voluntad para cumplir la ley" y acusó a empresarios del sector transporte de "doblar los brazos" a Gobiernos anteriores con "presiones y compra de voluntades".

Han habido algunos grupos de empresarios como el señor Catalino Miranda, como lo demostró el fin de semana, ellos han estado acostumbrados aquí a hacer lo que ellos quieran y siempre han querido estar con presiones, estar chantajeando a los Gobiernos en turno y a todos los Gobiernos les han estado doblando el brazo, y esas son las cosas que ya no están, ahora las cosas se van a hacer en orden y tenemos que cumplir la ley".
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.


Durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Castro también fue cuestionado por usuarios de Twitter sobre por qué no solo multar a las rutas con alza en el pasaje y cuál es la base legal de la intervención de las unidades, propiedad de Miranda.

Ante las preguntas, Castro dijo que los artículos de la Constitución 110 y 112 son las bases legales y que "seguramente ahi están los tribunales, ahí esta todo para que vayan a defenderse, si ellos son unos angelitos pues que en los tribunales certifiquen que ellos son unos angelitos, ¿por qué se están haciendo las cosas? porque se tienen que hacer, porque en este país debe de haber orden, lo que faltaba es hacer cumplir la ley".

El presidente legislativo aseguró que quienes defienden al sector transporte son "grupos que han estado pagados en el pasado, serán los mismos diputados, esos pequeños empresarios que siempre han hecho lo que han querido en este país".

Castro señaló que la única solicitud que están pidiendo a los transportistas es hacer las cosas de la "manera correcta", es decir, no cobrar más de lo autorizado por el Viceministerio de Transporte (VMT).

No pueden cobrar un centavo más de lo que tengan autorizado, eso es lo que se está pidiendo y que hay con eso, ¿que es lo extraordinario que se le está pidiendo?".
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

¿Expropiación o no?

Castro también negó que se estén expropiando las unidades de transporte colectivo, intervenidas por militares este fin de semana.

"Si me mostras a alguien del Gobierno que dice estamos expropiando, bueno podríamos hablar sobre ese tema, aquí nos estamos basando en el artículo 110 y 112 de la Constitución, ahí dice que cuando ellos toman la falta entonces el Gobierno tiene que agarrar las concesiones y las tiene que administrar".

El artículo 110 de la Constitución señala que no podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores, y a los perfeccionadores de los procesos productivos"

Mientras que el articulo 112 dice que el Estado podrá administrarlas empresas que presten servicios esenciales a la comunidad, con el objeto de mantener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social. También podrá intervenir los bienes pertenecientes a nacionales de países con los cuales El Salvador se encuentre en guerra".

Desde el domingo, militares de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) se tomaron los microbuses y buses de la ruta 42 y 152, línea de transporte público que el pasado 12 de marzo fue sacada de circulación por supuestamente infringir la ley al aumentar la tarifa del pasaje.

Unas 293 unidades de la cooperativa Acostes R.L, propiedad del empresario Catalino Miranda, han sido intervenidas, según reconoció el mismo director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas. Las autoridades también anunciaron la suspensión de la concesión y el subsidio a esas unidades.