La prórroga se aprobó el martes hasta el 31 de julio de 2024, con 63 votos y dos abstenciones de Vamos y Nuestro Tiempo.
Se trata de la “Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la comercialización de productos derivados del petróleo”, aprobada el 13 de marzo de 2022 en el contexto de problemas en la cadena de suministros y la guerra entre Rusia y Ucrania.
El gobierno argumentó que, pese que “las condiciones internacionales a esta fecha no son las mismas”, “sus consecuencias siguen latentes, ya que se mantiene el aumento de los precios del petróleo y sus derivado”.
En síntesis el decreto establece dos rangos de multas:
- Multas de $500 a $10,000 por: no permitir de manera inmediata que delegados hagan inspecciones de los productos, tomen muestras, realicen pruebas; o irrespetar el precio máximo de venta de GLP envasado en cilindros portátiles de uso doméstico.
- Multas entre $10,001 y $100,000 por: no cumplir reglamentos técnicos, no atender instrucciones de delegados, no envasar contenido exacto de GLP.
Inicialmente en el decreto era sancionada la inclusión de los impuestos FEFE ($0.16) y Cotrans ($0.10) en los combustibles, sin embargo, estos fueron restablecidos desde septiembre de 2022.
En el proyecto de presupuesto 2024 la Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros (Cotrans) que pagan los compradores de combustibles implicará un ingreso de $18,421,220 para el Gobierno Central; y la Contribución Especial sobre Diésel y Gasolina (FEFE) implicará un ingreso para el Estado por $110,527,330.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que es importante “tomar las medidas oportunas” para que “no existan abusos”, incluido como “la cantidad, calidad y precio de los combustibles y gas licuado”.