El proyecto, que aún no es aprobado, será analizado después de vacaciones por representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pero goza de la aceptación de diputados de Nuevas Ideas, que ya recibieron opiniones del fiscal general, Rodolfo Delgado, y del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El delito de la administración fraudulenta es cometido por alguien que tiene a su cargo la administración de bienes ajenos y perjudica a su titular alterando cuentas o condiciones de contratos, ocultando valores o empleándolos indebidamente. Actualmente se castiga con prisión de 3 a 5 años de prisión. Esta pena no se modificaría. El gobierno ha solicitado aumento de penas para otros delitos como robo y hurto.
1. Víctima deberá presentar auditoría
La reforma plantea que, en los casos de administración fraudulenta, la petición de la víctima o de su representante legal deberá contener "la auditoría contable que demuestre la existencia del delito a investigar".Si esta auditoría contable no se presenta, según la propuesta de reforma, la víctima debe "indicar a la Fiscalía" el lugar donde se encuentra la documentación necesaria para realizar dicha auditoría.
Una vez encuentre esa información, la Fiscalía podrá realizar la auditoría para incorporarla a las diligencias de investigación.
Estas serían disposiciones incorporadas en los incisos 5 y 6 del artículo 27 del Código Procesal Penal, que establece los delitos que son perseguibles por instancia particular, es decir, cuya investigación dependerá si la víctima interpone o no la denuncia. Actualmente, en los numerales 5 y 6 se establece el fraude de servicios de energía y las usurpaciones.