El OUDH concluyó que hay un “deterioro en el ejercicio y garantía del derecho al acceso a la información”, por un “alto incumplimiento institucional de las obligaciones de transparencia y se advierte cómo existe una obstaculización articulada de acceso a información” incluyendo al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La UCA explica que, de 35 indicadores, no les fue posible medir nueve por la negativa oficial de entregar información, como:
- Número de denuncias recibidas por el Estado por atentados relativos al derecho de asociación y reunión, y a la libertad de expresión.
- Número de solicitudes de apelación recibidas por las instituciones públicas y por el IAIP.
Al comparar esta ausencia de información, como es el caso de la Fiscalía, que reporta cero denuncias, o el IAIP, que no da información, contra lo que sí reportan otros actores como la APES, vemos que hay una diferencia bastante diametral”.
Jorge Rodríguez,
coordinador del OUDH.
¿Qué más concluyó el observatorio de la UCA sobre la libertad de expresión en El Salvador?
- El informe evaluó si se cumple el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga a las instituciones estatales a publicar “información oficiosa”, como presupuesto, asesores, ejecución presupuestaria, entre otros.
- La institución peor evaluada en publicación de información oficiosa, con 5.4 de nota, fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
- El ítem 6, la publicación del listado de asesores con sus respectivas funciones, solo fue publicado por dos instituciones.
- El ítem menos publicado es el 21, solo fue publicado por una de las 18 instituciones.
- Las instituciones con porcentajes más bajos de entrega de información son el MAG, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Presidencia de la República.
Ninguna de las instituciones evaluadas cumplió con exactitud la totalidad de información oficiosa a mantener pública y actualizada, esto es un elemento de gravedad porque esto es el mínimo que deberían cumplir las instituciones.
Jorge Rodríguez,
coordinador del OUDH.
De las solicitudes de información entregadas a las instituciones por los ciudadanos, el 49.5 % concedieron la información según las instituciones.
“La conclusión general de este informe fue el detrimento del acceso a la información pública. Son restricciones injustificadas, de las 75 solicitudes que hicimos, 17 fueron prevenidas, los motivos no tienen que ver con el contenido sino temas de formato”, indicó el coordinador de la OUDH.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), aseguró que se llegó a la conclusión que el problema no radica en las normas que protegen el derecho a la libertad de expresión, sino a dos situaciones: el desmantelamiento a la institución pública y la inoperancia de las instituciones de gobierno, y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.
El informe reitera un aumento del 66 % de las agresiones a periodistas respecto a 2022, con datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).