El decreto de reformas a la “Ley especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador”, que permite la cancelación de inscripción de un bien cultural o la posibilidad de intervenir un bien cultural para su “puesta en valor” por el tráfico de usuarios, iniciará su vigencia el 20 de noviembre, mientras la Dirección de Trámites de Construcción (DTC) se reestructura.

El decreto fue publicado en la edición del 22 de agosto del Diario Oficial y, si no se modifica, iniciará su vigencia 90 días después, el 20 de noviembre.

La Dirección de Trámites de Construcción (DTC), instancia creada el 6 de febrero de 2023 y adscrita a la Presidencia de la República, que tendrá la nueva competencia de autorizar permisos de construcción en materia de patrimonio cultural.

El artículo 42 reformado permite la intervención de un bien inmueble público monumental declarado cultural únicamente para su puesta en valor “en consideración del alto tráfico de usuarios, su mantenimiento, uso y goce de la población”. Si son privados podrán ser intervenidos con la autorización de la DTC. La ley dice que si ha sufrido daños o destrucción por caso fortuito podrá procederse a su “restauración, reconstrucción, remodelación o demolición de acuerdo a su estructura arquitectónica original”.

Las observaciones del presidente Nayib Bukele al decreto agregaron un periodo de 90 días después de la publicación del decreto de reformas para que inicie su vigencia, con el fin de que la nueva Dirección de Trámites de Construcción tenga tiempo para poder asumir sus nuevas atribuciones.

La DTC tiene la función de coordinar el trabajo de las instituciones del Órgano Ejecutivo en la tramitación de factibilidades, autorizaciones y permisos de construcción pero no de pronunciarse en el fondo de las solicitudes de permisos; sin embargo, sí podrá pronunciarse en las solicitudes de trámites de construcción en patrimonios culturales, lo que implicará una reestructuración en la DTC según la Presidencia.