La reserva total fue emitida por el superintendente mediante la reserva SSF-03-2022 el 15 de diciembre de 2022 por dos años.
El argumento para reservar la información es que deben resguardar información para evitar que su “contenido pueda ser incorrectamente interpretado generando de esta manera condiciones para entorpecer el proceso deliberativo” de la ley.
La reserva supone que esta mala interpretación de la información, si se publicara, podría “influir de manera indebida” en el proceso de aprobación de la ley.
Un segundo argumento, según la reserva, es que la Superintendencia debe resguardar “información técnica que la Superintendencia ha obtenido como parte del proceso de supervisión”.
Sin embargo, la Ley Integral del Sistema de Pensiones fue aprobada el 20 de diciembre de 2022 y está vigente desde el 30 de diciembre de 2022.
El abogado Wilson Sandoval, de Alac-Funde, aseguró que la reserva es ilegal, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no contempla como causal de reserva la posible mala interpretación.
Cuestionó que la decisión del asunto ya está firme.
El gobierno ha dicho que hay 179 estudios actuariales cuya información no es pública.