Esto es un requisito obligatorio para que Hacienda reciba los proyectos de presupuesto de las instituciones, advirtió el fisco en el documento, emitido junto a la “Política presupuestaria 2025”. Hacienda les ha comunicado a las distintas instituciones un techo presupuestario preliminar para que estas presenten sus proyectos de presupuesto y el Ministerio pueda entregar los proyectos de Presupuesto y de Salarios 2025, a más tardar el 30 de septiembre de 2024.
Las instituciones deben programar la cantidad de plazas según el total de plazas vigentes a la fecha sin aumentarlas y sin crear nuevas plazas; sin embargo, sí permite programar el 40 % de plazas vacantes y sustituirlas únicamente para “cargos estratégicos” e "estrictamente indispensables" para sus fines institucionales.
“El resto de plazas serán congeladas para el ejercicio fiscal 2025 y sus recursos podrán ser reorientados para atender otras necesidades prioritarias institucionales”, indica la política presupuestaria, sin detallar en qué se reorientarían estos fondos.
Hacienda excluye de estos lineamientos de congelación de plazas aquellas ocupadas por educación, médicos, paramédicos y enfermeras.
La PGR va a mandar el listado de todos los que logre retirar a esa fecha como plazas vacantes y prácticamente van a quedar congeladas, no es que se van a poder sustituir con gente en edad de trabajar".
Héctor Rodríguez, representante del MTD.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) teme que en la Procuraduría General de la República (PGR) se estén “despidiendo” trabajadores en edad de retiro mediante renuncias voluntarias con el fin de congelar las plazas para 2025.
El representante del MTD, Héctor Rodríguez, cree una congelación de plazas en una institución como la PGR porque, con los recursos humanos actuales, ya hay un "pésimo trato". "Aquellos abogados que estaban llevando los casos de personas despedidas, madres demandantes de cuotas alimenticias, gente que busca asesoría legal o familias víctimas del régimen, ya ahorita estaba pésimo el trato. Con cortarles el personal, lo friegan más", comenta, luego de citar el literal "b" de los lineamientos para las remuneraciones del presupuesto 2025.
¿Nuevas plazas?: solo autorizadas por Secretaría
Esta política de Hacienda, para el año 2025, prohíbe la programación de plazas nuevas por cualquier fuente de financiamiento y sistema de pago, “debiendo mantener el número de plazas” por lo que “no se deberá crecer por ningún motivo para el siguiente ejercicio fiscal”.Sin embargo, la política incluye la posibilidad de incorporar ciertas plazas “estrictamente necesarias”, pero estas deben ser aprobadas por la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.
La política presupuestaria 2025 suspende los incrementos y nivelaciones salariales de funcionarios de Estado, empleados públicos bajo regímenes de Ley de salarios y contratos, en todas las instituciones estatales.
Hacienda también le prohibió a las instituciones incluir dietas mayores a los $400 por sesión, gastos en consultorías o estudios, nuevos seguros de vida y médico hospitalarios, y transferencias a oenegés vinculadas a partidos, funcionarios o sus familiares.
Esto está prohibido en el presupuesto 2025
- Prohibición de nuevas prestaciones a empleados de todas las instituciones públicas y empresas públicas.
- Prohíbe dietas superiores a $400 por sesión e indica que no reconocerá aumentos de 2024.
- Prohíbe programar recursos para consultorías, estudios e investigaciones con recursos del Fondo General.
- Restringe la programación de recursos para la compra de papelería para impresión y reproducción de documentos, como para la adquisición de libros, revistas o publicaciones, debiendo promover el uso preferente de medios digitales como WhatsApp, correo institucional, para el intercambio de documentos, memorandos, información oficiosa.
- Prohíbe programar gastos “para la contratación de nuevos seguros de vida y médico hospitalarios” de las instituciones del Estado.
- Se prohíbe programar recursos para transferir fondos a asociaciones y fundaciones de distinta naturaleza con vínculo a partidos políticos, grupos afines, funcionarios públicos o sus parientes.
- Prohíbe compra de nuevos vehículos para el uso de funcionarios y empleados de las instituciones estatales, excepto para servicios de salud, seguridad pública y soberanía.