El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presupuestado más de $89 millones para las elecciones nacionales y se encuentra aún cotizando los precios del sistema de voto electrónico para el exterior, para el cual deberá contratar a un tercero que ejecute el sistema y una firma que audite el registro electoral de salvadoreños en el exterior.

El magistrado Noel Orellana aseveró que “cualquier ciudadano tendrá acceso” a las compras que realice el órgano electoral para el desarrollo de las elecciones, incluye el proceso de contratación de las dos empresas que les ordena la ley de voto en el exterior.

El director del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (Alac), Wilson Sandoval, aseguró que el TSE ha demostrado un patrón de “opacidad” en el acceso a la información pública. Recordó que Alac ha solicitado información sobre actas y compras del Tribunal y que ha negada por el oficial de información de la institución electoral.

Criticó que los funcionarios remitan la información en redes sociales y no en el portal web, el cual debería estar actualizado según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Exhortó a los magistrados a cumplir la LAIP y subir el registro de actas al sitio web, pues de esta forma se cumplirá con la promesa de acceso a la información pública.

Presupuesto.

El monto presupuestario para las elecciones nacionales será de poco más de $89 millones que serían distribuidos de la siguiente manera: logística electoral, con $25.1 millones; información y atención ciudadana, casi $1 millón; escrutinio final, $6 millones; capacitación electoral, $3 millones; observación electoral, $424,000; inscripción de candidatos $119,000; plan de seguridad electoral, $108,000; y administración de recursos temporales, con $101,000. El magistrado Orellana detalló que el monto asignado a “logística electoral es el más alto” del presupuesto, el cual aún está en manos del Ministerio de Hacienda, esperando que sea reenviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Información pública del TSE

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) obliga a las instituciones del Estado a que divulguen información oficiosa, la cual debe estar a disposición de toda la ciudadanía sin que esta lo solicite.

1.- Presupuesto
Los entes obligados deben hacer pública la información sobre el presupuesto asignado, incluyendo los rubros y montos que lo conforman.

2.- Procedimientos
Se debe divulgar los procedimientos de selección y contratación de personal, ya sea por medio de jornadas, contratos o la Ley de Salarios.

3.- Informes
El Tribunal debe publicar las memorias de labores y los informes que por disposición legal genere la institución como parte del Estado.

4.- Empresas privadas
En este caso, el Tribunal deberá hacer pública la información sobre los montos de fondos públicos destinados a privados, así como los informes.