El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), junto con el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, el Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, expresó que el encarcelamiento de menores de edad no resuelve el problema de la violencia de pandillas en El Salvador.
“La violencia de pandillas (maras) es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo, encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución”, dice el pronunciamiento difundido este jueves 7 de abril.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley Penal Juvenil, a petición del Gobierno, establecen penas de cárcel de hasta 10 años para niños con 12 años cumplidos y hasta 20 años de cárcel para adolescentes de 16 años por el cometimiento de delitos al ser miembros de pandillas.
Convención.
Unicef advierte que ninguna de las medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte; ya que la detención solo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible.Las entidades afirman que las pruebas demuestran que el encarcelamiento de menores de edad aumenta las posibilidades de que abandonen la escuela y cometan un delito más adelante en su vida, “perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza”.
Medidas preventivas.
Por el contrario, Unicef plantea que las medidas no privativas de libertad son “mucho más rentables” que la detención y generan mejores resultados. “Se puede ir más allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su reclutamiento en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz”, añade el comunicado.La declaración fue suscrita por Najat Maalla M’jid, representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños; Mikiko Otani, presidenta del Comité de los Derechos del Niño; Jean Gough, directora Regional para América Latina y el Caribe de Unicef y Harold Robinson, director Regional del para América Latina y el Caribe del UNFPA.
Se pusieron a disposición para dar apoyo técnico al gobierno de El Salvador para hacer frente a la violencia de las pandillas y revisar la Ley Penal Juvenil de acuerdo con las normas internacionales.
