La CCR ha presentado 60 avisos en cinco entregas a la Fiscalía General de la República (FGR) desde enero hasta agosto de 2023. Los avisos suman $57,511,121.24.
El coordinador de Auditoría de la CCR, Adán Tomás Zavaleta, explicó que “en el desarrollo de nuestras auditorías han identificado 14 posibles situaciones que puedan dar origen a un incumplimiento legal de lo cual nuestros informes han reflejado”.
60 avisos a la FGR.
La primera entrega se realizó el 11 de enero e incluyó 8 avisos contra alcaldías por desvío de fondos por un monto de $2,258,326.67.La segunda entrega fue el 23 de enero y constó de 10 avisos contra comunas de $9,573,569.64; la tercera entrega fue el 21 de marzo con 18 avisos, de ellos, 17 contra alcaldías y uno contra un centro educativo por un monto de $9,197,369.12; la cuarta entrega sumó $7,110,990.68 contra 10 alcaldías; los avisos fueron presentados el 9 de mayo.
Tres meses después, la CCR presentó 14 avisos más por una suma de $29,370,865.13 millones, la más alta hasta el momento.
En esta última entrega los más de $29 millones cuestionados provienen de tres fuentes: $3,097,494.99 para la atención de la pandemia por covid-19 y por las tormentas Amanda y Cristóbal; $26,209,589.14 de fondos propios; y $63,781.00 de préstamos a instituciones financieras.
“Como Corte de Cuentas hemos presentado durante el presente año un total de 60 avisos ante la FGR por un monto cuestionado superior a los $57 millones”, escribió en redes sociales el magistrado presidente de la CCR, Roberto Anzora.
Fuentes de fondos y delitos.
Los fondos cuestionados a las instituciones provienen de dinero asignado para la atención de la pandemia por covid-19, atención a las tormentas Amanda y Cristóbal, fondos propios por tasas municipales y préstamos a instituciones bancarias.Los posibles delitos cometidos son malversación, peculado, actos arbitrarios, falsedad ideológica y documental, incumplimiento de deberes, apropiación y retención de cuotas laborales.
El apoderado legal de la Corte de Cuentas, Carlos Quinteros, prefirió no dar declaraciones sobre los avances en las investigaciones de los avisos que han presentado en la FGR.
La institución no ha brindado tampoco detalles sobre las alcaldías investigadas para “no entorpecer las investigaciones” que desarrolla el Ministerio Público.
De acuerdo a la Ley de la Corte de Cuentas en el artículo 8-A numeral 6, que establece que debe “comunicar inmediatamente de los posibles delitos penales que advierten en razón del ejercicio de las atribución” que la institución tiene en sí misma.