Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007 y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta. Archivo DEM.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó en tiempo récord una polémica ley que cierra el espacio de competencia electoral para el 2021 a quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, quien se postulará para un cuarto mandato consecutivo.
La ley de "Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz", promovida por Ortega, que apunta a sus críticos opositores, fue aprobada este lunes con 70 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones. El proyecto fue presentado hace cuatro días.
Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas en noviembre de 2021, en las que el sandinista Ortega, de 74 años, presumiblemente tratará de extender su permanencia en el Ejecutivo, al que llegó en 2007.
La norma establece que "aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua" no podrán optar a cargos de elección popular.
Además excluye a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia de otros países o se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
“Hablar mal de la patria”
¿Acaso se pueden llamar ciudadanos nicaragüenses quienes pretenden derramar sangre de hermano y decir que tienen derechos?". Edwin Castro, diputado sandinista en referencia a opositores.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, también justificó la ley: "Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado", declaró.
La bancada del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votó en contra porque considera que viola derechos de los ciudadanos protegidos por la Constitución.
El gobierno acusa a la oposición extraparlamentaria de golpistas y terroristas por participar en las protestas de 2018, según dice, por Estados Unidos. También de aplaudir las sanciones que Washington ha impuesto a funcionarios y familiares de Ortega, señalados de corrupción y violación de derechos humanos.
La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, celebró la aprobación de la ley, tras calificar a los opositores de "traidores" y "serviles". Son "esclavos de los imperios, que al silbato del amo se movilizan como manadas, qué vergüenza", agregó.
El director de Human Rights Watch (HRM), José Vivanco, dijo que el gobierno "presentó este proyecto para impedir que la oposición participe en las elecciones presidenciales de 2021", lo que viola el derecho a la participación política y "ayudará a consolidar a la dictadura Ortega-Murillo".
Debilitar los cimientos de la oposición
El Parlamento ya había aprobado en octubre la denominada ley de Agentes Extranjeros, que obliga a organizaciones y personas civiles que reciben fondos del exterior a registrarse como tal y les prohíbe optar a cargos públicos.
También está la ley de ciberdelitos, por la que se puede sancionar a adversarios de Ortega que lo critican en redes sociales.
El líder opositor Felix Maradiaga, perfilado como contrincante de Ortega, aseguró hace unos días que no obedecerán esta norma que busca "inhibir a millones de personas en Nicaragua" que piden sanciones contra el gobierno de Ortega por presuntas violaciones contra los derechos humanos.