La Comisión de Seguridad reanudará la discusión de la ley la próxima semana. / DEM
El anteproyecto de “Ley especial de registro de las agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, sus miembros y colaboradores” enfrentó ayer a los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que integran la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.
La discusión inició cuando el jefe de fracción del PCN y presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almendáriz, propuso que en el punto “varios” de la agenda se abordara el proyecto de ley.
“Tengo entendido que el Frente solo tendría objeción en un artículo y me gustaría que lo expusieran para que podamos dirimir de una vez por todas sobre el articulado”, propuso. El diputado Javier Valdez, del FMLN, le respondió a Almendáriz que, como no venía en agenda, no habían llevado el planteamiento y las propuestas a la comisión. “Podríamos tomarlo en cuenta y considerarlo para la próxima reunión que tengamos el próximo martes”, agregó.
El diputado Mauricio Vargas, de Arena, argumentó que hay “falta de voluntad política de ver esta ley”, ya que tienen el proyecto desde hace más de dos años; “le hemos puesto demasiados pretextos como si fuera un asunto personal, un asunto político, lo cual debe de quedar afuera”, indicó.
“De una vez por todas, tratemos de sacar esta ley y si hay una objeción de otra índole hagámosla saber porque no podemos continuar patinando en la misma”, intervino Almendáriz.
El diputado Bonner Jiménez, de Arena, expresó: “No quiero señalar a ningún grupo parlamentario pero lo que se pretendía era quitarle todos los dientes a la ley”.
El diputado del FMLN calificó de “desafortunadas algunas valoraciones” que habían hecho los diputados de Arena y PCN; y criticó que la comisión no ha querido estudiar el proyecto de reinserción que presentaron cuando estaban en el Gobierno.
Almendáriz reaccionó que, aunque “hay una ley de reinserción del Gobierno anterior pero no se puede aplicar si no se sabe a quién van a reinsertar” porque no hay un registro de pandillas.
Valdez argumentó que no hay parámetros para definir quién es pandillero y colaborador y, por lo tanto, esto podría violar los derechos humanos. La comisión acordó que la discusión comenzará el martes de la próxima semana.