Por dos delitos fue condenado y solo uno absuelto. / DEM


A 16 años de prisión fue condenado el sacerdote José Adonay Chicas Campos, quien fue encontrado culpable por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz continuada y remuneración por actos sexuales o eróticos en perjuicio de un menor.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República incriminaron al expárroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza, en La Libertad.

En el fallo de la vista pública, el tribunal le impuso 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor e incapaz continuada, mientras que por remuneración por actos sexuales o eróticos fue condenado a cuatro.

Con respecto al ilícito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad por medio del uso de tecnologías de la comunicación, fue absuelto.

La Fiscalía General de la República informó que el tribunal aceptó toda la prueba presentada.

El proceso penal fue iniciado por la Fiscalía con reserva total en el Juzgado de Paz de Zaragoza, vinculó a Chicas Campos con ilícitos relativos a la libertad sexual en donde la víctima fue un menor de edad que asistía a la parroquia de esa localidad.

Los hechos atribuidos al sacerdote supuestamente habrían ocurrido en el interior de la iglesia donde el religioso había estado asignado durante 25 años.

En las indagaciones que la Fiscalía hizo se halló información en la que Chicas Campos, supuestamente, estuvo abusando de la víctima desde hace unos dos años y que a cambio le pagaba cantidades de dinero que iban desde $10, $20 y hasta $50.

El caso fue conocido por la Fiscalía General debido a una denuncia que parientes del menor interpusieron; en las averiguaciones, el Ministerio Público se encontró con pruebas sobre los abusos en perjuicio de la víctima y que se plasman en prueba documental, pericial y entrevistas de testigos.

El acusado fue capturado el 22 de junio de 2018 y tres días después se le remitió al Juzgado de Paz de Zaragoza; en la audiencia inicial se ordenó que siguiera en prisión por estar frente a delitos graves. En la vista pública el Ministerio Público presentó una serie de prueba documental, pericial y testimonial.