Las estimaciones de la fuente oficial indican que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá 2.4 % este año. Sin embargo, esta tasa habría sido mayor si la inversión pública no hubiera experimentado una reducción que hasta noviembre alcanzó el 9.1 %.
El BCR elaboró un escenario para estimar cuánto habría crecido la economía si se hubiera ejecutado la inversión pública presupuestada para 2017. Los datos del portal estatal Transparencia Fiscal indican que para este año se programó una inversión de $1,089.33 millones.
Esta simulación consideró que si al cierre del año la inversión estatal se reduce en 6 %, la tasa de crecimiento dejaría de ganar cuatro décimas.
“Si la inversión pública hubiera tenido una evolución positiva, estaríamos anunciando una tasa de crecimiento de 2.8 % (para 2017)”, aseguró ayer Óscar Cabrera, presidente del BCR.
El funcionario, sin embargo, dijo no atreverse “a dar cuál es el factor determinante” en la caída de la inversión pública.
Los datos del BCR indican que la inversión bruta del Sistema Público No Financiero (SPNF) sumó $512.75 millones entre enero y octubre de este año, 12.1 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron $583.66 millones.
El acumulado hasta noviembre presentó una reducción más moderada que el mes anterior. La inversión llegó a $591.93 millones, 9.1 % menos que los $650.91 millones del año anterior.
Al término del año, la reducción sería del 6 % según las previsiones del BCR, por los pagos o desembolsos que haría el Ejecutivo este mes por los diferentes proyectos.
Frenan inversión para contener el déficit fiscal
Durante el transcurso del año, diferentes economistas y tanques de pensamiento señalaron que el Gobierno redujo la ejecución de la inversión pública para frenar el déficit fiscal y así contrarrestar el aumento en el gasto corriente.
En septiembre pasado, Ricardo Castaneda, coordinador de país para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que ante un “presupuesto de supervivencia”, el Gobierno prioriza el pago de la deuda pública “por sobre todas las cosas”. El economista vaticinó que si continuaba la crisis fiscal, la ejecución de la inversión pública podría caer a los niveles más bajos en décadas.
Carlos Pérez, asesor de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), indicó también que “la inversión es una variable de ajuste; es decir, si se necesita para pagar salarios o servicios de la deuda, se prefiere no ejecutar”.
Por su parte, Cabrera indicó ayer que “no podemos estar jugando a la austeridad fiscal sin medir realmente los impactos que tiene reducir la compra de bienes y servicios a las empresas”.
Crecimiento
El Banco Central prevé que la economía salvadoreña crezca en 2018 a una tasa del 2.5 %, una décima superior a la proyección para 2017 y 2016, de 2.4 %, respectivamente. Este comportamiento se atribuye a la dinámica de la inversión privada y las proyecciones positivas de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos.
Este año, por su parte, los anuncios de inversión privada acumulados hasta diciembre se redujeron $420 millones, al pasar de $2,155 millones en 2016 a $1,735 millones este año.
Consejo Directivo del BCR aprobó el nuevo PIB
Por otro lado, el presidente del BCR, Óscar Cabrera, indicó que el Consejo Directivo de la institución aprobó el lunes pasado el nuevo cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) y “esta semana enviamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) todos los resultados del sistema de cuentas”.
El organismo ha pedido revisar la economía salvadoreña con el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales.
En el primer bimestre de 2018, una misión del FMI visitará el país durante 15 días para analizar la situación fiscal económica de El Salvador de manera más profunda. Cabrera enfatizó que será el Consejo Directivo del BCR quien decida la fecha de publicación del nuevo PIB.
Con la reforma al sistema de pensiones, el Gobierno espera que el FMI reduzca su propuesta de aplicar un ajuste fiscal del 3 % del PIB entre 2017 y 2019, tal como quedó en la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en noviembre de 2016.
A finales del mes pasado, una misión del FMI evaluó el impacto que provocaría la reforma de pensiones en las finanzas públicas, pero el informe sobre sus conclusiones aún no se ha hecho público.
