La agencia S&P Global Ratings rebajó ayer la perspectiva de deuda de El Salvador de “estable” a “negativa” ante el aumento de las necesidades de financiamiento en un contexto donde el alto nivel de deuda presiona a las finanzas públicas.
“La perspectiva negativa refleja la posibilidad de, al menos una en tres, de una rebaja en los próximos seis a 18 meses si el Gobierno no logra un progreso adecuado para llenar su sustancial brecha de financiamiento en los próximos años”, dijo la agencia en un comunicado.
Hasta ahora, solo S&P mantenía en estable la perspectiva de deuda de El Salvador luego que Moody’s Investors Rating degradara en julio pasado el perfil de El Salvador a “Caa1”, una categoría para los bonos con alto nivel especulativo.
S&P Global Ratings dijo esperar que el Gobierno alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar nuevos recursos y obtener un mayor acceso a otras fuentes de financiamiento con multilaterales (como Banco Mundial) y comerciales (mercado de bonos).
Sin embargo, las demoras en la obtención de más financiamiento, así como en la adopción de medidas fiscales correctivas para reducir los déficits, podrían dañar la confianza de los inversionistas y dificultar que el gobierno cubra su brecha de financiamiento”.
S&P Global Ratings
Comunicado
El Salvador confirmó que marzo paso que negociaba un programa con el FMI por hasta $1,300 millones para aplicar un ajuste fiscal que le permitiría corregir las finanzas públicas y bajar el nivel de endeudamiento. Sin embargo, el proceso comenzó a demorarse luego que la nueva Asamblea Legislativa destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. Luego, se dilató aún más cuando se aprobó la Ley Bitcoin.
Sin este programa, según han advertido las calificadoras, El Salvador podría enfrentarse a un cierre del mercado de inversionistas y no conseguir financiamiento para honrar el vencimiento de $800 millones en bonos que se vencen en enero de 2023.
Debilidad institucional.
S&P mantiene la calificación de El Salvador en “B-”, un grupo para los países con deudas altamente especulativas. Esto significa que es vulnerable a un incumplimiento de pago, pero con cierta capacidad para honrar sus compromisos.
La entidad explicó que esta calificación se basa en las “debilidades institucionales del país” que se reflejan en la “imprevisibilidad política de larga data en medio de controles y equilibrios deficientes”. Además, agregó, El Salvador tiene finanzas públicas débiles y la carga de la deuda sobrepasa el 80 % del Producto Interno Bruto (PIB, producción de bienes y servicios).
El comunicado de S&P se publicó horas después que la agencia de riesgo soberano Fitch Ratings también advirtiera ayer de riesgos de financiamiento para 2022 por sobreestimaciones de ingresos en el anteproyecto del presupuesto para el próximo año y riesgos en la obtención de financiamiento para pagar los compromisos de deuda sin un acuerdo con el FMI.
| S&P advirtió que el perfil externo de El Salvador podría deteriorarse rápidamente si el Gobierno no puede obtener suficientes préstamos externos en los próximos años. |
Para Fitch, la brecha de financiamiento para 2022 será de $1,000 millones y no $498 millones como estima el Gobierno, en un contexto donde la financiación para la deuda de corto plazo “no está clara y las tasas del mercado externo son elevadas”.
Le puede interesar: Fitch Ratings: presupuesto de 2022 subestima las necesidades fiscales y financieras de El Salvador
Principales advertencias de las calificadoras de riesgo
Ayer, dos calificadoras de riesgo advirtieron que el Gobierno salvadoreño se enfrentaría a dificultades para acceder a financiamiento sin un acuerdo con el FMI.
- Ingresos: Fitch Ratings señaló que el escenario de ingresos tributarios para 2022, con un crecimiento del 13 %, es “optimista”, pero no “realista”. Advirtió que el IVA crece por un rebote económico debido a más remesas y los incentivos fiscales, empero es incierto que se mantenga el próximo año.
- Brecha: para 2022, se estima un déficit fiscal que rondará los $1,700 millones, un 6.2 % del PIB, de los cuales $710 millones tienen fuentes de financiamiento y $498 millones aún están pendientes. “Creemos que esta brecha (no cubierta) se acerca a los mil millones de dólares”, señaló Fitch.
- Deuda interna: S&P señaló que el Gobierno tiene una fuerte dependencia a la deuda interna a corto plazo, lo cual ha exacerbado el riesgo de refinanciamiento. Fitch dijo que estos compromisos representan a la fecha más de $2,600 millones, los cuales se deben pagar en los próximos 12 meses.
- Política: si bien S&P consideró que la concentración de poder de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa favorece la aprobación de reformas o aprobar leyes (como el presupuesto), también debilita los controles y equilibrios reflejado en la destitución de los jueces y los magistrados.