La no ratificación del préstamo por $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no pone a El Salvador en riesgo de caer en impago, como ocurrió en 2017, afirmaron economistas.
Ayer, el nuevo ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, manifestó en televisión abierta que la Asamblea Legislativa tenía en sus manos la decisión de evitar que El Salvador se enfrente en una situación similar a la de 2017 de un impago si no había ratificación del préstamo del BID. En tanto, economistas consultados aseguran que no existe riesgo, pero advierten que se pierde la oportunidad de acceder a financiamiento más barato y se deteriora la imagen del país ante los organismos multilaterales.
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El crédito en cuestión es para el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19, cuyo destino está dividido en $75 millones para los gobiernos locales, $40 millones para productores agrícolas, $20 millones para protección y mitigación de desastres, $55 millones para el subsidio al pago de planillas de las empresas y $60 millones para atender la emergencia.
Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que no ratificar el préstamo sí tiene implicaciones sobre la pérdida del costo de oportunidad, es decir, no acceder a financiamiento a una tasa de interés baja. Si la Asamblea Legislativa no da luz verde al crédito y se pierde, entonces el Gobierno debe renegociar el instrumento o buscar los recursos con otro organismo multilateral o emisión de deuda.
La no ratificación también puede ocasionar que el banco ya no quiera seguir negociando préstamos con El Salvador al ver que no se ratifican en el pleno legislativo, pero "eso no automáticamente implica una situación de impago". Esto sería "como efecto de mediano y largo plazo" si el Ejecutivo no consigue el financiamiento y se enfrente a una situación de falta de liquidez para honrar sus compromisos de deuda, explicó.
"Creo que la analogía que utilizó el ministro no es la más adecuada, aunque las implicaciones sí son serias. En este punto se reflexionar sobre la responsabilidad compartida tanto del Ejecutivo como de la Asamblea", manifestó el economista.
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Un impago ocurre cuando el Gobierno no cumple sus compromisos de deuda, tal situación se presentó en abril de 2017 cuando el Ejecutivo no pudo honrar la deuda del sistema de pensiones. La anterior administración del Ministerio de Hacienda, a manos de Nelson Fuentes, aseguró en reiteradas ocasiones que pese a la crisis del covid-19 la institución priorizaría el pago de la deuda.
Rommel Rodríguez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), tampoco considera que al no aprobarse el tramo de $250 millones esté en riesgo el financiamiento a futuro que provenga del BID. El economista recordó que el pasado 22 julio se presentó la solicitud para ratificar tres préstamos por el Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo el que debe estar listo este 31 de julio, y no se entrega el detalle "que requieren los diputados" sobre el presupuesto del instrumento.
"Mi idea es que el Ejecutivo ocupa la estrategia de llevar a última hora la propuesta del presupuesto para que sientan esa presión los diputados que tienen corto tiempo y no les da información de calidad", manifestó el economista, quien consideró que el Gobierno ya ha gestionado otros recursos con demás organismos multilaterales y la emisión de $1,000 millones de bonos. Además de los ingresos que se tendrían por la recaudación tributaria que, si bien ha caído, "sigue fluyendo cierta liquidez al Estado".
"Otra cosa sería que todo eso que está en camino (se refiere a los préstamos) no se aprueba. La caída de la recaudación fuerte, las necesidades de financiamiento para atender la pandemia del covid-19 y todo lo que tiene que ver con estos recursos nuevos no se aprueba sí pueden generar un impago", explicó Rodríguez.