Un acuerdo con el FMI permitiría al país acceder a mercados, a cambio que aplique medidas fiscales para reducir la deuda.
El Salvador negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,300 millones para ordenar las finanzas públicas impactadas por la pandemia del covid-19, según un artículo publicado por la agencia Reuters que cita al Ministerio de Hacienda.
Las negociaciones se centran en un acuerdo crediticio de 36 meses por $1,300 millones bajo un programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), similar al que esta semana aprobó el directorio del FMI para Costa Rica, pero por $1,778 millones.
Fuentes cercanas a los inversionistas habían anticipado que el Gobierno salvadoreño se comprometió a finales de 2020 con los multilaterales y los inversionistas a realizar un ajuste fiscal amarrado a un acuerdo con el FMI después de las elecciones del 28 de febrero. Sin embargo, el ministro Zelaya no ha confirmado esta información a la prensa nacional.
El acuerdo ayudará a “aprovechar las brechas presupuestarias para 2021, 2022 y 2023” y reducir la carga del servicio de la deuda, cita Reuters al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y quien habría confirmado las negociaciones con el multilateral.
Zelaya también habría confirmado a la agencia que para 2021 el Ejecutivo necesitará financiamiento por $2,000 millones, incluyendo un plan para la deuda de corto plazo.
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El acuerdo de Costa Rica.
Costa Rica inició en 2020 las negociaciones con el FMI para establecer un acuerdo que le permitiría mejores condiciones de financiamiento en los mercados, a cambio que establezca un plan para mejorar las finanzas públicas. El anuncio de estos acercamientos generó descontento social en medio de la pandemia y obligó a que el país buscara un programa con metas más flexibles.
El programa formulado con la economía tica se centra en implementar reformas fiscales equitativas para garantizar la sostenibilidad de la deuda. El Ministerio de Hacienda costarricense aseguró que no involucra incrementos en el costo de ningún servicio básico ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino que se centraría en un ajuste para reducir y hacer eficiente el gasto público.
Los mercados comenzaron a reaccionar la semana pasada elevando el costo de los bonos salvadoreños, a espera que ahora que el Gobierno de Nayib Bukele tiene la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa logre un acuerdo con el FMI.
El stand-by que no se cumplió.
El programa de Facilidad de Servicio Ampliado, al que buscaría acceder El Salvador, permite establecer metas más flexibles que un acuerdo stand-by -derecho de giro-.
Ya en años anteriores El Salvador había tenido acercamiento con el FMI para establecer un acuerdo stand-by, como ocurrió en 2009 cuando por la crisis financiera internacional acordó una garantía de $790 millones para un plan económico enfocado en acelerar la recuperación de la economía, reducir la pobreza, mantener la estabilidad financiera y asegurar la sostenibilidad de la deuda.
Sin embargo, los compromisos asumidos no se cumplieron y en 2012 se suprimió. En 2017, cuando el país se enfrentó a un impago por una crisis en el sistema de pensiones, el Gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén también tuvo acercamientos con el FMI para un acuerdo, pero tampoco se concretó.
Con el impacto de la pandemia del covid-19 en la economía salvadoreña, economistas y tanques de pensamiento surgieron al país establecer un plan de ajuste con el FMI para reducir el peso de la deuda y déficit fiscal.
Incluso las calificadoras de riesgo soberano advirtieron que un ajuste del 3 % no será suficiente para darle sostenibilidad a la deuda.
| La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) representó el 85.5 % del PIB en 2020. Moody’s Investors Rating prevé que supere el 90 % en 2022. |
¿Qué le ha pedido antes el FMI a El Salvador?
Por varios años, el FMI ha recomendado a El Salvador un cóctel de medidas fiscales para para incrementar sus ingresos y reducir sus gastos en un ajuste fiscal de 3 % entre 2021 y 2024.
En su informe de abril de 2020 correspondiente a la aprobación de un crédito de $389 millones, el Fondo Monetario le recomendó aumentar el impuesto especial para las gasolinas y el diésel aprovechando que en ese momento se había reducido el precio, además de sugerirle que establezca el impuesto a la propiedad y un incremento al IVA.
También ha recomendado reducir el gasto por el lado de las remuneraciones a través del congelamiento de contrataciones, jubilación anticipada de empleados y concentrar adquisiciones de ministerios e instituciones.
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