La agencia de riesgo Fitch Ratings mantuvo en “B-“ la calificación de riesgo de la deuda salvadoreña, pero la rebajó de una perspectiva estable a negativa en un momento clave para que el Ejecutivo obtenga financiamiento para enfrentar al crisis.
A diferencia de la agencia S&P Global Ratings, que hace una semana mantuvo sus calificaciones para El Salvador y las dejó en “B-/B” estables, Fitch rebajó la perspectiva a negativa.
De esa forma, la agencia anunció este jueves que mantuvo en "B-" la deuda y local externa de largo plazo, pero las pasó de perspectiva positiva a negativa. En tanto, afirmó “B” para la deuda local de corto plazo.
En la escala de Fitch, el grupo de las "B" indica que el riesgo de impago está presente, pero se mantiene un limitado margen de seguridad y capacidad de pago oportuno que está condicionado a un entorno económico y de negocios.
El cambio de la perspectiva refleja, indicó la agencia en su comunicado, el deterioro en la sostenibilidad de la deuda pública como resultado de la ampliación del déficit fiscal y la contracción económica ante la crisis. Además incorpora las restricciones financieras por una mayor dependencia del Gobierno hacia la deuda de corto plazo, un limitado acceso al financiamiento adicional del mercado local y un panorama incierto para fuentes externas.
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El Salvador ha enfrentado problemas para colocar los $2,000 millones que le aprobó la Asamblea Legislativa para enfrentar la crisis derivada del COVID-19. Si bien negocia más de $1,200 millones con organismos financieros para adquirir préstamos, aún tiene un porcentaje de la deuda que si no logra garantizar con multilaterales deberá acudir al mercado financiero externo, deteriorado y con incertidumbre ante el alto porcentaje de la deuda salvadoreña.
Además, el Gobierno busca un paquete de $1,000 millones para reactivación económica. Sin embargo, el apoyo con préstamos de parte de los organismos multilaterales “puede ayudar a aliviar las limitaciones de endeudamiento”, indicó Fitch.
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Debido a la caída de la recaudación tributaria y la falta de financiamiento externo, el Ejecutivo se ha visto obligado a recurrir a deuda local a través de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), a una tasa de interés de 9.5 %.
La agencia estima que el Gobierno requerirá financiamiento en 2020 por $3,100 millones, incluyendo $383 millones en amortizaciones de deuda. No obstante, no incluye los $2,000 millones que deuda de corto plazo en Letes y Cetes.
Mientras que el déficit fiscal para 2020 alcanzaría el 10.5 % del PIB, se espera que para 2021 sea de 7.2 % por el aumento de los intereses y la caída de los ingresos tributarios. La agencia anticipó que será difícil una consolidación en 2021 debido a las elecciones legislativas de 2021.
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