La semana pasada, el organismo publicó su reporte correspondiente al préstamo de $389 millones que aprobó el directorio ejecutivo del FMI a El Salvador para que enfrente la crisis económica derivada de la pandemia, como parte de su Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). En dicho informe, el FMI presenta estimaciones sobre las necesidades de recursos para el sector público, elaboradas a partir de información recabada del Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda.
En una economía cada vez más golpeada por la pandemia, con un panorama de que podría caer hasta -5.4 % según estimaciones del FMI, hay un incremento en la necesidad de recursos adicionales para que el Gobierno haga frente a la crisis. De esa forma, el Fondo Monetario estima que los requerimientos de financiamiento alcanzarán $3,627 millones este 2020 y representarían un incremento en al deuda pública por 14 %.
De esos requerimientos, $2,247 millones (el 61.9 %) corresponderían para cubrir el déficit fiscal. Este indicador aparece cuando los ingresos son inferiores a los gastos públicos, el cual se espera que este año se incremente a 8.7 % como representación del Producto Interno Bruto (PIB) debido al desplome de la recaudación tributaria por la paralización de la economía.
Otros $1,380 millones (el 38 % del total) se necesitarían para cubrir las amortizaciones de la deuda pública, de los cuales $340 millones se destinarían para compromisos con los organismos multilaterales y bilaterales, y $1,040 millones para la deuda doméstica.
El organismo proyecta que un 68 % de esas necesidades de financiamiento estarían cubiertas para este año con la contratación de $755 millones en compromisos externos (multilaterales) mientras que adquiriría $1,663 millones en deuda doméstica, con fondos de pensiones y Letras del Tesoro (Letes).
El resto de la brecha, unos $1,209 millones, se cubriría con el préstamo otorgado por el FMI y otros créditos que podrían otorgar organismos financieros.
Una brecha que continuará
En ese mismo reporte, el Fondo Monetario recomienda a El Salvador aplicar un ajuste fiscal gradual en 3 % del PIB entre 2021 y 2024 para garantizar la sostenibilidad de las finanzas y cumplir además con la Ley de Responsabilidad Fiscal -suspendida por la pandemia-, la cual plantea que el Gobierno debe llevar la deuda pública a una tendencia del 60 % del PIB en 2030.
Sin embargo, las necesidades de financiamiento del Ejecutivo se mantendrán al menos hasta 2025, recursos que se utilizarán cada vez más para las amortizaciones de la deuda pública frente a una reducción en el peso del déficit fiscal.
Las proyecciones del FMI indican que las necesidades de financiamiento para 2021 serían de $2,621 millones, de esos $1,135 millones se destinarán para cubrir el déficit fiscal y $1,486 millones para los compromisos de deuda.
En 2022, en tanto, el Gobierno podría necesitar $2,132 millones. Para 2023, los requerimientos llegarían a $2,391 millones, en 2024 representarían $1,600 millones y en 2025 serían $2,530 millones.