Gerry Rice, portavoz del FMI, afirmó que se mantienen las negociaciones con El Salvador para un programa fiscal.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que la gobernanza económica y transparencia fiscal son factores clave para un eventual programa de financiamiento al Gobierno salvadoreño.
Gerry Rice, portavoz del multilateral, aseguró que “estamos en conversaciones con las autoridades de El Salvador” para una consulta al Artículo IV, una revisión periódica que el Fondo realiza a sus países miembro sobre el desempeño económico y fiscal.
“Continuamos las discusiones sobre el Artículo IV y esperamos que estas concluyan en el período venidero, en los próximos meses, y un potencial programa del FMI para El Salvador está también en discusión”, afirmó Rice el jueves en una conferencia con periodistas.
El Gobierno propuso al FMI un programa crediticio de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, en inglés) por hasta $1,300 millones, financiamiento que utilizará para cumplir sus compromisos mientras realiza un ajuste fiscal de hasta cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
| Los SAF implican reformas estructurales orientadas a corregir deficiencias arraigadas que suelen tomar tiempo implementarse y tienen períodos de reembolso más largos que otros mecanismos del FMI. Este acuerdo se creó para países que experimentan graves problemas en su balanza de pagos. |
“Los objetivos de un programa serían fomentar el crecimiento inclusivo, garantizar la estabilidad financiera, la sostenibilidad fiscal”, dijo Rice.
Las discusiones sobre la gobernanza económica, especialmente la transparencia fiscal y las medidas anticorrupción, seguirán siendo clave en el Artículo IV y las discusiones subsiguientes".
Gerry Rice
Portavoz del multilateral
Las negociaciones con el FMI para un programa de financiamiento iniciaron en 2020, aunque se confirmaron en marzo de 2021, un día después de las elecciones municipales y legislativas que dejaron al partido de Nuevas Ideas con la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa.
El mercado interpretó el gane como una oportunidad para que el Gobierno presentara el programa fiscal e incluso el precio de los bonos en ese momento subió. Sin embargo, las negociaciones se comenzaron a retrasar cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
Sin embargo, las negociaciones volvieron a sufrir un nuevo retroceso cuando la Asamblea Legislativa aprobó sin estudios técnicos la Ley Bitcoin, una decisión que para el Fondo “plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales”.
Junto al retraso en las negociaciones, el precio de los bonos salvadoreños sufrió un deterioro y desde el 7 de septiembre, día que entró en vigencia la Ley Bitcoin, su valor mantiene una caída constante debido a que los inversionistas temen que no se alcance el acuerdo con el Fondo.
En medio del deterioro, el Ministerio de Hacienda junto al Banco Central de Reserva (BCR) lanzaron un comunicado en el que anunciaban una nueva consulta con el FMI y afirmaron que continúan las negociaciones para el programa.
¿Cuál es el temor del mercado?
Los inversionistas que interactúan en el mercado están atentos a las negociaciones pues un programa con el FMI daría certeza que se realizará un ajuste fiscal para reducir el alto nivel de endeudamiento, que a julio representaba el 82.6 % del PIB.
La agencia Moody’s Investors Rating explicó en julio pasado, cuando degradó la calificación de riesgo de la deuda salvadoreña de “B3” a “Caa1”, que el temor del mercado es que sin un acuerdo con el FMI el Gobierno no pueda obtener financiamiento para pagar en enero de 2023 el vencimiento de $800 millones.
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El pago de este vencimiento debe incluirse en el anteproyecto del presupuesto general de la nación que el Ministerio de Hacienda debe presentar a finales de septiembre, para así buscar el financiamiento en 2022.
De momento, El Salvador se enfrenta a su riesgo país más alto desde octubre de 2020 al quedar en 986 puntos el 16 de septiembre pasado, según el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI). Significa que si el Gobierno quisiera salir al mercado a emitir nueva deuda tendría que ofrecer un interés superior al 9.8 %, pues a ese nivel se le debe sumar el EMBI del bono estadounidense que se considera libre de riesgo.