En el conversatorio participó el asesor de Funde, Carlos Pérez; el jurista Francisco Galindo y Alfonso Goitia, presidente de Colproce. / Marcela Moreno
Para que el Ministerio de Hacienda logre presentar un proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2018 que incluya los ajustes ordenados por la Sala de lo Constitucional, el Ejecutivo necesitará alrededor de $900 millones que cubran la diferencia entre los ingresos y gastos, estimó ayer la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Este martes, la Fundación realizó un conversatorio sobre los efectos de la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional en el presupuesto de 2017.
El fallo de incostitucionalidad, emitido en julio pasado, detectó subestimaciones en gastos ineludibles como el pago del servicio de deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
Además, encontró desfinanciadas las partidas presupuestarias en las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los exportadores.
Al respecto, Carlos Pérez, asesor de la Funde, consideró que incluir en su totalidad los gastos del Ejecutivo lleva consigo un aumento en ingresos entre $800 y $900 millones, que podrían obtenerse vía incremento de la carga tributaria.
Sin embargo, “el tema está en el ciclo electoral” y “hablar de aprobar nuevos impuestos, el costo es muy alto. Por lo tanto, la discusión se reduce o se limita a decir que necesitamos aprobar deuda para tener los recursos del otro año”, agregó.
El economista enfatizó que este dinero debe ser ratificado antes de aprobar el nuevo proyecto del presupuesto para el año fiscal 2018, ya que por ley no puede ir desfinanciado.
Certidumbre económica
En el conversatorio también participó Francisco Bertrand Galindo, exministro de Justicia y Seguridad, y Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador (Colproce).
Ambos coincidieron en que con la resolución de la Sala se genera un clima de certidumbre sobre los ingresos y egresos del Ejecutivo.
Galindo prevé que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, elaborará el presupuesto con los ajustes emitidos por la Sala, pero antes enviará una solicitud de financiamiento por $900 millones. Con ello, agregó, “si no hay acuerdo político no va a salir y vamos a tener un entrampamiento en 2018”.
El jurista, además, calificó como “una falacia” las declaraciones del ministro de Hacienda respecto a que el déficit fiscal se agudice por la deuda previsional, ya que para él se debe al exceso de gasto público.
Sin embargo, Goitia difirió y cuestionó “¿cómo que las pensiones no son un problema del déficit, si se tienen que pagar, y no hay recursos? Se está esperando la reforma para que se pueda resolver. Es un problema serio”.
La mitad del déficit fiscal se explica por la deuda de pensiones, según datos oficiales.