El panorama fiscal para la economía nacional se ve cada día más complicado a tal punto que las “calificadoras de riesgo están esperando que El Salvador caiga en impago”, dijo Nelson Fuentes, ministro de Hacienda.
“¿Por qué? Porque no ven capacidad de acuerdos políticos, el pecado que ha tenido El Salvador en los últimos 20 años (…) Porque tenemos una visión política de la postguerra. Tenemos que evolucionar, tener la capacidad de salir de la postguerra y entrar en una nueva era. Esos conflictos son los que ven las calificadoras como el mayor riesgo del país”, indicó.
Las agencias de riesgo soberano ya observan con incertidumbre a la economía. A inicios de mayo, Fitch Ratings pasó la perspectiva de la calificación de riesgo de la deuda salvadoreña de estable a negativa debido al deterioro de las finanzas públicas durante la pandemia, mientras que S&P Global Ratings advertía a finales de abril que bajaría la calificación si el país enfrenta dificultades para acceder a esos recursos por la polarización política y la baja confianza de los inversionistas.
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El Salvador cayó en impago en abril de 2017, hace tres años, cuando el Gobierno no honró sus compromisos de deuda del sistema de pensiones. Luego de esa crisis, el país no ha logrado recuperar sus niveles crediticios y las agencias de riesgo soberano han advertido en reiteradas ocasiones que la polarización política es uno de los principales frenos para alcanzar acuerdos, así como el deterioro de las finanzas públicas ante un alto nivel de endeudamiento.
Fuentes, quien asistió esta mañana a la entrevista matutina de Radio 102.9, aseguró que “estamos en una situación crítica” frente a las finanzas públicas con una proyección de alcanzar un déficit fiscal para 2020 con un incremento “sustantivo” entre un 8 % y 9 % del Producto Interno Bruto (PIB).
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Esto se debe a la caída de ingresos tributarios frente a mayores exigencias de gasto para enfrentar la pandemia. El Gobierno salvadoreño tiene un paquete de deuda de $3,000 millones que le aprobó la Asamblea Legislativa en dos tramos entre marzo y mayo, y Hacienda asegura que $1,000 millones de ese combo están en mano de los diputados para aprobación a través de préstamos con multilaterales.
Entre los préstamos negociados está el de $389 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y uno de $20 millones con el Banco Mundial, además de paquetes de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones del programa de emergencia para la sostenibilidad macroeconómica y fiscal; $250 millones para el programa de fortalecimiento de la política pública; y $50 millones respuesta inmediata para la salud pública.
Hacienda insiste en que no ha recibido dinero de la deuda para responder la pandemia y, hasta ahora, se ha financiado a través de deuda local con la emisión de Letras del Tesoro (Letes). Advierte que si la Asamblea Legislativa no aprueba esos préstamos el país enfrentaría en junio próximo problemas de flujo caja, también conocido como crisis de liquidez.
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