El economista estima que este año el Gobierno salvadoreño logrará una recaudación tributaria de $4,436.7 millones, $107.5 millones menos que los $4,544.7 millones que previó en el presupuesto general del presente año fiscal.
“Es una brecha de recursos que no se tienen para financiar gasto que sí se presupuestó. Es precisamente el origen de la iliquidez”, ya que los ingresos tributarios equivalen al 85 % del financiamiento del presupuesto general, explicó.
Según la Funde, la iliquidez obligó al priorizar los gastos y como resultado “es una contención obligada” que “se hace a costa de que el Estado está fallando en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, como proveer bienes públicos a la población en condiciones no de mercado para cumplir con los derechos fundamentales. Y en eso el Estado ha estado fallando”, manifestó Pérez.
Este ajuste provocó que el Ejecutivo redujera en 6.6 % la inversión bruta, pero el lado de las remuneraciones y la compra bienes y servicios crecieron 0.5 %, respectivamente.
Reforma previsional
Por otra lado, la Funde calcula que la reforma previsional reduciría un 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) la deuda total del Sistema Público No Financiero (SPNF) y de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) en 2017.
Para el próximo año, prevé que el déficit fiscal llegue a 2.2 % del PIB y esto “comenzaría la ruta a la sostenibilidad” de las finanzas públicas. De igual forma, para 2018 prevé que la deuda del SPNF llegue al 67.4 % del PIB, que equivaldría a 2.6 % menos de lo estimado en un escenario sin reforma de pensiones.
El tanque de pensamiento destacó que el entorno electoral, por los comicios para alcaldes y diputados de 2018 y las presidenciales de 2019, afecte el desempeño fiscal y económico, por complicaciones en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Pero insistió en que se debe alcanzar un acuerdo fiscal.